Así pues, como ya indicó en su momento este organismo regional tan sólo autoriza obras de remodelación o recuperación de las construcciones ya existentes en el parque antes de que fuera declarado suelo especialmente protegido. Aún así, todas las actuaciones que se realicen en su jurisdicción deben ser aprobadas por la Junta Rectora que se reúne, con carácter anual, con todos los miembros que la representan, incluidos los alcaldes de los municipios en que se extiende.
Según denunció ante la Guardería Forestal del parque el grupo conservacionista Proyecto Verde, de las antiguas viviendas que se conservaban en esta finca se había procedido a realizar una parcelación interna, levantándose nuevas construcciones, como chalés con entradas independientes.
Tras la correspondiente denuncia y la visita de la guardería, ahora se han conocido los detalles de la actuación regional.
Sin autorización administrativa
En la denuncia presentada contra el propietario de Prado Buriños se especifica que la obra «carece de autorización administrativa», por lo que no se da por buena la licencia concedida por el Ayuntamiento de Colmenarejo. Esto se debe a que se concedió sin el preceptivo informe favorable y vinculante de la Comunidad de Madrid, como ya denunció Proyecto Verde.
Así pues, como declaran desde esta asociación, «la concesión de dicha licencia por parte del Consistorio podría ser constitutiva de un delito, al vulnerar la Ley 20/1.999 del Parque Regional, en su disposición adicional segunda».
Si tras este expediente sancionador se determina que el propietario ha incurrido en un delito sancionable, Proyecto Verde asegura que pedirá a la Comunidad de Madrid que actúe contra el Ayuntamiento de Colmenarejo. Además recuerda que los propietarios podrían exigir al Ayuntamiento daños y perjuicios por haber concedido una licencia no ajustada a derecho.
En el caso de que la propiedad de la finca resultase sancionada y recurriera contra la Casa Consistorial, los responsables de Proyecto Verde se preguntan quién debería pagar las reclamaciones efectuadas contra al administración local, ya que, ante la actuación irregular de unos políticos, denunciada por unos vecinos, tendrían que pagar todos los vecinos.
Nada en la revista municipal
Respecto a este mismo asunto, que fue tratado en la revista municipal dentro del Consejo de Medio Ambiente y Urbanismo, junto con el resto de consejos de participación ciudadana publicados, los mismo denunciantes revelan que esta publicación ha decidido omitirlo por completo en su último número, el número tres.

VIVIENDAS EN UN ENTORNO PRIVILEGIADO…
…PERO PROTEGIDO

La mayoría de los propietarios de suelo protegido por el Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama, así como los ayuntamientos con terrenos en la misma situación conocen, en mayor o menor medida, la legislación establecida tras la aprobación del parque. Sin embargo, hay un punto de esta legislación que todos conocen perfectamente: sus medidas urbanísticas. Porque, donde hay intereses hay dinero; y donde hay dinero hay construcción.
Por ello, tanto asociaciones proteccionistas como los propios guardias forestales del parque están haciendo una labor de vigilantes urbanísticos que no les corresponde y los ayuntamientos, en muchos casos, o no realizan la labor de custodia que debieran y miran para otro lado o, incluso, contribuyen dando facilidades a quien antepone sus intereses particulares e inmediatos sobre los del resto de vecinos de la Comunidad de Madrid.