En la edición del pasado 3 de julio DIARIO del NOROESTE publicaba los hechos que están teniendo lugar en una finca privada, incluida en la zona de protección del Parque Regional del Curso Medio del Guadarrama. Según la denuncia del grupo local Proyecto Verde y la propia Guardería Forestal del Parque, en esta propiedad se están construyendo viviendas, cuando el permiso concedido por el Patronato del Parque se limitaba a la cría caballar.

Con el fin de adaptar esta finca para albergar una granja de cría de burro ibérico, los propietarios consiguieron el permiso necesario de obra y rehabilitación de las instalaciones existentes. En dicho permiso se especifica que, por tratarse de suelo calificado como rústico, tan sólo se permitía la adaptación del antiguo inmueble para vivienda del personal.

Tras poner en conocimiento del Ayuntamiento estos hechos, el grupo Proyecto Verde denunciaba la actuación del Ejecutivo local, por permitir que se estuvieran construyendo viviendas.

En la finca Cercado de Burriños, conocida como Prao Burriños y localizada junto al Camino del Rey, existían los restos de tres construcciones de una antigua explotación agropecuaria, en las que se ha prohibido expresamente el uso residencial. Sin embargo, aseguran los ecologistas, en dos de las cuatro parcelas ya delimitadas, «se han convertido las viejas edificaciones en chalés con vídeo vigilancia”.

Preguntada al alcaldesa de Colmenarejo, Isabel Peces-Barba, por estas construcciones en terreno protegido, aclaró que se trataba de «suelo residencial y de fincas independientes, por lo que están autorizados los vallados realizados».

Denuncia por prevaricación

En vista de que los avisos y denuncias en el Ayuntamiento y en la propia guardería del Parque no han servido para que se detengan lo que consideran obras ilegales, Ecologistas en Acción, en colaboración con Proyecto Verde, ha decidido que recurrirá a la vía judicial contra la primera edil, por entender que el Ayuntamiento actúa en «aparente connivencia con el propietario de la finca, haciendo caso omiso a la prohibición de la Consejería de Medio Ambiente y a la propia normativa urbanística del municipio. Por ello, se solicitará, tanta por vía administrativa como penal, las responsabilidades a las que la actuación por acción u omisión, del Ayuntamiento de Colmenarejo hayan dado lugar».