Los cazadores han llegado a obtener permisos fuera de temporada.

El grupo de Ecologistas en Acción de Colmenarejo ha denunciado las anomalías de dos cotos de caza ubicados en suelo municipal que suponen un «grave riesgo» para la integridad física de las personas, ya que son de escasas dimensiones y están atravesados por dos vías pecuarias muy transitadas.

Los cotos están situados dentro del parque regional del Guadarrama, en las zonas conocidas como Peña Rubia y Las Nicolasas a las que se accede por el Camino del Rey, una vía de titularidad pública que también permite la entrada a numerosas fincas y casas particulares, construidas hace años de forma irregular.

El tránsito de vehículos, vecinos, paseantes y deportistas que acuden al cercano pantano de Valmayor a practicar surf o atletismo es constante y muchos de ellos afirman haber escuchado disparos en horas centrales del día, incluidos los domingos a pesar de la prohibición.

La reducida superficie de las fincas (57 y 22 hectáreas, respectivamente) hace dudar a los ecologistas sobre la legalidad de los cotos, por lo que han pedido al equipo de Gobierno local un informe jurídico sobre las responsabilidades que debería asumir el Ayuntamiento como titular de los mismos en caso de que ocurrieran accidentes de caza o se detectaran furtivos.

También han solicitado a la alcaldesa, María Isabel Peces Barba (APIC), que figura como presidenta de los cotos, la derogación del actual plan cinegético al considerar que está obsoleto e incluye falsedades sobre la vegetación y el tipo de especies animales existentes en la zona.

«Se trata de un bosque de encinas y monte bajo pero el plan dice que son pastos y asegura la existencia de aves nunca vistas por aquí», afirma el portavoz del grupo ecologista, Carlos González, que defiende el derecho de todos los vecinos a disfrutar del bosque sin miedo a disparos.

«Los cazadores -continúa- han llegado a obtener permisos fuera de temporada de veda para realizar barbaridades como los descastes de conejos o jabalíes sin que exista exceso de población de estas especies».

Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente han confirmado que el Gobierno regional estaría dispuesto a declarar las fincas como zonas de seguridad y suprimir el coto, pero la iniciativa corresponde al Ayuntamiento por ser el propietario del suelo.

Los responsables municipales han declinado hacer declaraciones sobre este asunto y lo único que argumentaron en el pleno del pasado mes donde se debatió la petición de los ecologistas fue que «no habían tenido tiempo para estudiar el plan cinegético cuya vigencia concluyó la pasada primavera», afirma González.

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