Proyecto Verde informa acerca de las últimas licencias de caza de conejos en los cotos de Colmenarejo otorgadas por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid

La Consejería de Medio Ambiente, atendiendo el escrito de solicitud presentado por Proyecto Verde, ha denegado los permisos de descaste en los cotos de Peña Rubia y Las Nicolasas, por lo que durante este verano podremos pasear libremente por estos espacios que son de todos los ciudadanos.

La solicitud de Proyecto Verde iba más allá, ya que solicitábamos que dichos cotos dejaran de serlo, ya que no réunen las condiciones exigidas por la ley, por lo que cualquier autorización al respecto podría incurrir en un delito. Confiamos plenamente en que la Comunidad de Madrid, o el Ayuntamiento, o preferiblemente ambos a la vez, comprendan que ni la ley ni el sentido común permiten cazar en esos terrenos.

Reiteramos una vez más que Proyecto Verde no está en contra de la caza. Cuando las especies cinegéticas se recuperen y el sustento de los depredadores protegidos de la zona esté garantizado, se podrán conceder permisos puntuales de caza para especies concretas. Lo que decimos de forma rotunda es que esta circunstancia no debe ser decidida por una gestoría ni por el colectivo de cazadores, sino por personas con la necesaria cualificación, designadas por la Consejería de Medio Ambiente. No podemos olvidar que hablamos de la caza en un espacio protegido.

A lo largo de este verano, solo se podrán escuchar disparos los fines de semana en el coto de Las Cuestas, que corresponde al sur del municipio, aproximadamente de Las Minas hacia el sur, como consecuencia del permiso de descaste concedido a este coto.

Sin embargo y a pesar de la prohibición, se están escuchando disparos en zonas centrales del municipio y por la zona del Camino del Rey y Valmayor. Estas son zonas en las que no se puede cazar hasta octubre. Por lo tanto, cualquier actividad cinegética en esta zona y hasta octubre puede y debe ser denunciada a la Guardia Civil, al Seprona, a la Guardería Forestal o al propio ayuntamiento.

Proyecto Verde de Colmenarejo, 30 de Junio de 2005

MADRID SUPERA EN CONTAMINACIÓN A PARIS Y LONDRES

Calidad del aire y candidaturas olímpicas
MADRID SUPERA EN CONTAMINACIÓN A PARIS Y LONDRES

La contaminación atmosférica representa una seria amenaza para la salud pública europea, a pesar de toda la legislación en materia de calidad del aire vigente en la UE. En vista de esta situación se puso en marcha el programa APHEIS (siglas en inglés de: Contaminación atmosférica y Salud: Un Sistema Europeo de Información). El objetivo del programa APHEIS es proporcionar a los responsables de la toma de decisiones en las administraciones públicas, a los profesionales de la salud ambiental y, en general, a todos los ciudadanos europeos, la información más completa, actualizada y sencilla posible sobre la contaminación atmosférica y su impacto sobre la salud pública.

El último informe del programa APHEIS (APHEIS-3), sobre contaminación atmosférica por partículas y salud, desarrollado en 26 ciudades de 12 países europeos se hizo público a finales de 2004. Entre las ciudades participantes en el estudio figuraban tres de las candidatas a organizar los Juegos Olímpicos de 2012: Madrid, París y Londres.

Madrid registró los peores datos de contaminación por partículas menores de 10 micras (PM10), ya que presentó una media anual de PM10 de 37 microgramos por metro cúbico (µg/m3), frente a los 22 µg/m3 de París y Londres. Además, Madrid tuvo 78 días al año una contaminación por PM10 superior a 50 µg/m3. Hay que recordar aquí que la legislación europea sobre calidad del aire establece que no se debe superar el valor límite de 50 µg/m3 más de 35 días al año. París y Londres superaron dicho umbral 5 días al año (ver tabla adjunta).

En consonancia con los datos sobre contaminación atmosférica, Madrid presentó los peores registros en cuanto a los efectos sobre la salud pública de la calidad del aire. Así, el estudio atribuyó 83 muertes al año en la ciudad de Madrid por el efecto a corto plazo de la contaminación por PM10 (mortalidad provocada durante los días que la contaminación por PM10 superó los 50 µg/m3). Por comparación, el estudio atribuyó 11 muertes anuales a París y 6 a Londres. Pero, dado que los tamaños de las ciudades son distintos (2.9 millones de habitantes Madrid, 6.2 París y 6.9 Londres), la comparación resulta más clara si se atiende a los datos relativos (número de muertes anuales atribuidas a contaminación por PM10 a corto plazo por cada 100.000 habitantes): Madrid 2.83, París 0.2 y Londres 0.08. Esto significa que Madrid registra una mortalidad a corto plazo por contaminación por PM10 que es 14 veces mayor que la de París y 35 veces mayor que la de Londres. De modo similar, los datos de mortalidad asociados al efecto a largo plazo de la contaminación por PM10 fueron significativamente peores para Madrid (57.83 muertes anuales/100.000 hab.) que para París (17.4 muertes anuales/100.000 hab.) y Londres (6.74 muertes anuales/100.000 hab.).

La conclusión es clara: la contaminación atmosférica por PM10 es sensiblemente peor en Madrid que en París y Londres, lo que se traduce en unos registros de mortalidad asociada sustancialmente mayores. A esto hay que añadir que París y Londres, pese a tener un menor problema con la calidad del aire, tienen en marcha planes de reducción de la contaminación atmosférica. El ayuntamiento de París, por ejemplo, ha diseñado un ambicioso plan de restricción del tráfico en el centro, y grava con un impuesto a los vehículos más contaminantes (los 4×4). El ayuntamiento de Londres, entre otras medidas, puso en marcha el sistema de peaje de entrada al centro, lo que ha provocado una importante reducción del tráfico. Por el contrario el ayuntamiento de Madrid, no sólo no ha elaborado todavía ningún plan de reducción de la contaminación, pese a que está obligado a ello por la legislación europea desde el año 2001, sino que promueve el faraónico proyecto de la ampliación de la M-30, que no hará sino agravar todavía más el problema, ya que su objetivo es aumentar en 200.000 coches más su capacidad.

Ecologistas en Acción considera que la situación de la calidad del aire y la actitud de las autoridades ante el problema debieran ser tenidas muy en cuenta por el Comité Olímpico Internacional a la hora de designar la sede de los Juegos Olímpicos de 2012, si de verdad se quieren tomar en serio los criterios medioambientales.

La noticia de la imputación de la Sra. Alcaldesa por un delito de prevaricación, ha desatado las iras de APIC y “La Agrupación” contra nuestra asociación. En el caso de APIC es natural, tienen que defender a los suyos; ahora bien, ¿qué papelón está jugando en este asunto la asociación de vecinos? En su web (www.colmenarejo.net) podemos leer acusaciones sobre la intencionalidad política de la denuncia de la “asociación político-ecologista” en apoyo de los concejales socialistas, etc. Quizá convendría hacer trabajar la memoria para ver qué asociación sí ha mezclado su actividad con la política y apoyado a ciertos políticos:

• Recordemos que la denuncia en cuestión fue efectuada por Proyecto Verde y la Guardería Forestal por la construcción de unos chalés dentro del Parque Regional en el año 2002 con una licencia concedida por el ayuntamiento de Colmenarejo, y que ni la Guardería Forestal ni Proyecto Verde podían saber por aquel entonces qué listas presentarían en 2003 los partidos políticos… Es una pena lo que algunas personas llegan a decir o hacer cuando pierden los nervios (y temen perder la influencia).
• Recordemos que fue la asociación de vecinos “La Agrupación” y no Proyecto Verde quien intentó ir conjuntamente con APIC a las elecciones de 1999.
• Recordemos que fue “La Agrupación” quien en 2003 pidió el voto para un partido en concreto (APIC), algo que Proyecto Verde jamás ha hecho para ningún partido.
• Recordemos que poco después del ingreso de Proyecto Verde en la prestigiosa federación “Ecologistas en Acción”, la asociación de vecinos “La Agrupación” solicitó también el ingreso en ésta, siéndole denegado. Parece que no soportan ver a la Sra. Peces-Barba imputada por un delito y con “Ecologistas en Acción” como acusación particular, pero recordemos que algunos de los dirigentes de “La Agrupación”, los que más vociferan, nos han pasado información en varias ocasiones para que denunciemos nosotros.

Insistimos, señores de “La Agrupación”. Ocúpense de los asuntos propios de sus estatutos y olvídense de nosotros.

La alcaldesa de Colmenarejo, la independiente María Isabel Peces-Barba (APIC), ha declarado como imputada en relación con unos supuestos delitos de prevaricación y contra el medio ambiente denunciados en 2002 por el grupo Proyecto Verde-Ecologistas en Acción. La denuncia se refería a la concesión irregular de licencias de obras para reconstruir y reformar tres edificaciones en el paraje conocido como Prado Buriños, que pertenece al Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama.

Según el grupo ecologista, Peces-Barba y el entonces concejal de urbanismo, José Polo (PSOE), podrían haber incurrido en prevaricación porque otorgaron los permisos conociendo de antemano que no se utilizarían para los fines contemplados en los mismos. Añade que los propietarios de los terrenos solicitaron licencia de obra menor con la excusa de reconstruir las tres edificaciones existentes en la finca que se destinarían a usos agropecuarios, pero levantaron viviendas «de lujo» para residencias particulares. «Los inmuebles se encuentran en zona de máxima protección del Parque Regional, cuya Junta Rectora prohibió en 2001 expresamente el uso residencial en una reunión a la que asistió personalmente Peces-Barba», denuncia Proyecto Verde.

Desde hace unas semanas, las páginas web de APIC (apic-colmenarejo.org) y de la asociación de vecinos “La Agrupación” (colmenarejo.net) han iniciado una campaña de ataques a nuestra asociación.

El recelo ante los ecologistas procede siempre de los mismos sectores políticos, aquellos cuyas actuaciones urbanísticas y medioambientales son objeto de las denuncias de estos colectivos, y en este caso parece estar relacionado con la reciente imputación por parte del Fiscal, de un delito de prevaricación y contra el medio ambiente en la modalidad de ordenación del territorio (urbanismo, para entendernos) a la Alcaldesa de Colmenarejo, María Isabel Peces-Barba.

Ante esta situación, queremos aclarar los siguientes puntos:

1. Se han producido críticas y descalificaciones a determinados concejales de la oposición por su pertenencia a nuestra asociación. Ellos sabrán si quieren o no responder a estos ataques; no nos atañe. Pero sí nos preocupa que quienes nos gobiernan consideren “criticable” pertenecer a una asociación ecologista local.
2. Ojalá todos los políticos tuvieran la sensibilidad medioambiental necesaria para afiliarse a una asociación ecologista. Resulta cuanto menos curioso que a los 3 únicos que lo son, se les critique por ello.
3. Proyecto Verde ha hecho gala en los 6 años que lleva trabajando en Colmenarejo de una transparencia absoluta, con un perfecto funcionamiento democrático. En todos estos años de actividad jamás hemos tenido la menor tentación de utilizar nuestra influencia social con fines políticos. Nunca en nuestra web, ni en los escritos que hemos publicado, ni en nuestras actividades o actuaciones públicas, ha habido un móvil político. Para nosotros, la defensa del medio ambiente no es un medio para lograr popularidad u otros réditos sociales; la defensa del medio ambiente es un fin en sí misma.
4. Recordemos que cuando un miembro de nuestra junta directiva se presentó a las elecciones locales por el PSOE, la junta al completo fue renovada íntegramente, para eliminar cualquier vinculación con formaciones políticas que pudiese mediatizar nuestra actividad.
5. Los partidos y asociaciones deberían mostrar una sensibilidad especial y mucho más respeto hacia los colectivos surgidos de la participación ciudadana o los movimientos ecologistas, puesto que se basan en los mismos principios democráticos que ellos y se nutren de un tejido similar: la ciudadanía.

Por todo lo expuesto pedimos a APIC y a la asociación de vecinos “La Agrupación”:

• Que nos permitan trabajar tranquilos.
• Que no nos utilicen como objeto arrojadizo en sus disputas políticas.
• Que cesen las presiones por parte del Poder para tratar de doblegar nuestra independencia.

Vamos a seguir luchando por conservar y mejorar nuestro entorno natural, denunciando aquellas conductas o actuaciones que, a nuestro juicio, supongan una agresión a nuestro medio ambiente, independientemente de quién o quienes lo pongan en peligro.

No es la primera vez que miembros de APIC, en el Ayuntamiento o fuera de él, tratan de amedrentar o descalificar a nuestra asociación. Esperamos, eso sí, que esta vez sea la última, y que cada uno en su papel sepa cumplir con lo que sus programas electorales o estatutos (según los casos) demandan.

Frente a la situación actual de continuos picos de consumo de energía eléctrica que estamos sufriendo este verano, Ecologistas en Acción insiste una vez más en que la solución al problema es el ahorro de electricidad.

El aumento espectacular de ventas de aparatos de aire acondicionado en los últimos años se presenta como el principal causante del desaforado crecimiento del consumo. En muchas ocasiones se instalan este tipo de aparatos en salas con condiciones muy alejadas de las óptimas para un uso eficiente. Habitaciones demasiado pequeñas, mal aisladas, temperaturas programadas demasiado bajas y aparatos poco eficientes energéticamente son las condiciones comunes que hacen insostenible ambientalmente este consumo.

Es evidente que, además de resolver estas trabas, lo mejor sería evitar el uso de este tipo de aparatos de climatización en favor de otras soluciones menos derrochadoras de electricidad. Aislar bien puertas y ventanas, colocar cortinas en las ventanas, adquirir los electrodomésticos necesarios de alta eficiencia (etiqueta de clase A), apagar el modo en espera o stand-by de los aparatos de vídeo, TV, DVD, etc., utilizar bombillas de bajo consumo, y en definitiva utilizar siempre lo estrictamente necesario, son las medidas básicas para reducir el consumo eléctrico.

No hay que olvidar que este calor que sufrimos está enmarcado en lo que la comunidad científica ha dado en llamar Cambio Climático, y que se refiere al calentamiento global del planeta. Curiosamente este calentamiento global ha sido, y está siendo causado, por la emisión a la atmósfera de ciertos gases contaminantes, entre ellos el dióxido de carbono (CO2), que se producen de forma masiva en las centrales térmicas de producción de electricidad. Este tipo de centrales son las que se utilizan de forma mayoritaria en nuestro país. Por tanto, esto nos lleva a pensar que cuanta más electricidad consumamos, más contribuimos a aumentar las temperaturas, año tras año.

A pesar de que, como viene siendo habitual en los últimos veranos, las compañías eléctricas “sufren” averías y dejan sin suministro a algunas zonas de nuestra geografía, conviene recordar que los mayores picos de consumo eléctrico se producen en invierno, y no en verano. Lo cual quiere decir que las peticiones de construcción de centrales de producción eléctrica carecen de sentido. La mayoría de los cortes de suministro eléctrico se producen por deficiencias de la red de distribución eléctrica, ya que la potencia instalada en todo el país (a 1 de enero de 2005) es de 70 565 MW, cuando las demandas máximas no llegan a 40 000 MW.

ORGANIZACIONES ECOLOGISTAS, VECINALES Y DE AFECTADOS CREAN UNA COORDINADORA ESTATAL PARA EXIGIR LA PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA

Este fin de semana se han reunido en Madrid, en la sede de Ecologistas en Acción, más de veinte organizaciones vecinales, colectivos de afectados y ecologistas de Navarra, Asturias, La Rioja, Andalucía, Galicia, Canarias, Aragón, Región Murciana, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid; para tener un trabajo común en el tema de la contaminación electromagnética producida por las emisiones radioeléctricas derivadas del despliegue de las redes de telefonía móvil.

Los temas de debate en esta reunión han se han referido al despliegue y crecimiento exponencial de las redes telecomunicaciones y los posibles riesgos para la salud por una exposición residencial y continua a las emisiones de esta infraestructuras, la pasividad de los poderes públicos y una legislación obsoleta, hecha a medida de las operadoras de telefonía móvil. Esta situación ha hecho surgir numerosas agrupaciones, colectivo, asociaciones y plataformas en el estado español que reclaman así la revisión de la regulación estatal y de las autonómicas para potenciar la protección a la salud, la creación de un comité de expertos independiente y un a comisión interministerial que aborde el tema de la electropolución, y el fomento de investigaciones científicas independientes sobre la contaminación electromagnética y, en particular, de estudios epidemiológicos así como campañas de información sobre al abuso del móvil y el desarrollo de un código de buenas prácticas.

Otro objetivos planteados es el desarrollo del intercambio de información sobre la situación de antenas de telefonía móvil en cada comunidad autónoma y la necesidad de coordinar acciones y movilizaciones para frenar y ordenar esta implantación así como el emplazamiento a las instituciones para un cambio en la normativa de control sobre el espacio radioeléctrico que se base en criterios de precaución , prevención del los riesgos para la salud publica y minimización de las emisiones de estas infraestructuras de telecomunicaciones en el sentido en el que se ha desarrollado la legislación de otros países de nuestro entorno como Suiza o Italia o Luxemburgo.

En estos próximos meses con el acuerdo AETIC (operadoras de telefonía móvil) y la federación de municipios se va a producir la instalación de las nuevas antenas estaciones base de telefonía móvil UMTS va a suponer nuevos problemas en su ubicación, unidas a un conjunto de irregularidades urbanísticas que afectan a muchas instalaciones de telefonía móvil: como la ausencia de licencias municipales o de actividades clasificadas. Estudios de investigadores independientes han alertando sobre los posibles efectos y riegos en la salud pública y han señalado los efectos biosanitarios de las emisiones de la telefonía móvil a niveles de inmisión radioeléctrica miles de veces inferiores a los que se han adoptado en la normativa . Esta coordinadora considera clave medidas institucionales en el sentido de coordinar el despliegue de la telefonía móvil con los mayores criterios de evitar las posibles afecciones a la salud y sus impactos sociales y ambientales.

ECOLOGISTAS EN ACCION INAUGURA UNA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN PLENO CENTRO DE MADRID

El fiscal acusa a la alcaldesa de Colmenarejo de un supuesto delito urbanístico
La regidora, imputada en el caso de Prao Buriños, donde al amparo de una licencia de obra menor se construyeron chalés de lujo

La declaración, explica este colectivo, “se realizó en calidad de imputados, y a instancias del Ministerio Fiscal, lo cual significa que para dicho organismo público, en principio, hay razones de peso para entender que los tres han cometido sendos delitos de prevaricación y contra el medio ambiente, en la modalidad de ordenación del territorio, por haber otorgado una licencia de obras a sabiendas de que se utilizaría no para los fines que establecía, sino como excusa para reconstruir y reformar tres edificaciones”. En este sentido, Proyecto Verde recuerda que las citadas construcciones se encuentran en un lugar “especialmente protegido, por lo que cualquier obra que se hubiese hecho tendría que haber contado con una licencia de obra mayor y haber tenido como fin la reconstrucción de las naves agropecuarias tal y como exigió en febrero de 2001 la Junta Rectora del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama, que prohibió expresamente el uso residencial”. Respecto a la comparecencia de la regidora, el colectivo denunciante asegura que “no estuvo exenta de contradicciones”. Según Proyecto Verde, el concejal de Obras, José Polo, miembro de la actual Ejecutiva de la Agrupación Socialista de Colmenarejo, “manifestó que había dado licencia menor sobre una vivienda, cuando en realidad la dio también sobre unas naves agropecuarias para transformarlas luego en viviendas de lujo”. Además, este grupo afirma que este responsable ha sido uno de los que ha promovido “la expulsión de los tres concejales del Grupo Municipal Socialista, socios de Proyecto Verde, a los que se ha atacado por esta afiliación ecologista”. Finalmente, este colectivo considera “muy significativas” las declaraciones de la alcaldesa ante el juez “calificando la denuncia de campaña mediática contra su persona, confundiendo su persona con su cargo y demostrando, desde 2002, su nulo interés por resolver las irregularidades urbanísticas que ella misma provoca”.

Por su parte, la alcaldesa, negó haber incurrido en “contradicciones” en su declaración y, respecto a la concesión de la licencia, indicó que en su momento delegó ese tema en el concejal de Urbanismo o bien en la Junta de Gobierno, dependiendo de si se trataba de obra menor o mayor, declinando hacer más comentarios hasta que no termine el proceso judicial.