Desde hace unas semanas, las páginas web de APIC (apic-colmenarejo.org) y de la asociación de vecinos “La Agrupación” (colmenarejo.net) han iniciado una campaña de ataques a nuestra asociación.

El recelo ante los ecologistas procede siempre de los mismos sectores políticos, aquellos cuyas actuaciones urbanísticas y medioambientales son objeto de las denuncias de estos colectivos, y en este caso parece estar relacionado con la reciente imputación por parte del Fiscal, de un delito de prevaricación y contra el medio ambiente en la modalidad de ordenación del territorio (urbanismo, para entendernos) a la Alcaldesa de Colmenarejo, María Isabel Peces-Barba.

Ante esta situación, queremos aclarar los siguientes puntos:

1. Se han producido críticas y descalificaciones a determinados concejales de la oposición por su pertenencia a nuestra asociación. Ellos sabrán si quieren o no responder a estos ataques; no nos atañe. Pero sí nos preocupa que quienes nos gobiernan consideren “criticable” pertenecer a una asociación ecologista local.
2. Ojalá todos los políticos tuvieran la sensibilidad medioambiental necesaria para afiliarse a una asociación ecologista. Resulta cuanto menos curioso que a los 3 únicos que lo son, se les critique por ello.
3. Proyecto Verde ha hecho gala en los 6 años que lleva trabajando en Colmenarejo de una transparencia absoluta, con un perfecto funcionamiento democrático. En todos estos años de actividad jamás hemos tenido la menor tentación de utilizar nuestra influencia social con fines políticos. Nunca en nuestra web, ni en los escritos que hemos publicado, ni en nuestras actividades o actuaciones públicas, ha habido un móvil político. Para nosotros, la defensa del medio ambiente no es un medio para lograr popularidad u otros réditos sociales; la defensa del medio ambiente es un fin en sí misma.
4. Recordemos que cuando un miembro de nuestra junta directiva se presentó a las elecciones locales por el PSOE, la junta al completo fue renovada íntegramente, para eliminar cualquier vinculación con formaciones políticas que pudiese mediatizar nuestra actividad.
5. Los partidos y asociaciones deberían mostrar una sensibilidad especial y mucho más respeto hacia los colectivos surgidos de la participación ciudadana o los movimientos ecologistas, puesto que se basan en los mismos principios democráticos que ellos y se nutren de un tejido similar: la ciudadanía.

Por todo lo expuesto pedimos a APIC y a la asociación de vecinos “La Agrupación”:

• Que nos permitan trabajar tranquilos.
• Que no nos utilicen como objeto arrojadizo en sus disputas políticas.
• Que cesen las presiones por parte del Poder para tratar de doblegar nuestra independencia.

Vamos a seguir luchando por conservar y mejorar nuestro entorno natural, denunciando aquellas conductas o actuaciones que, a nuestro juicio, supongan una agresión a nuestro medio ambiente, independientemente de quién o quienes lo pongan en peligro.

No es la primera vez que miembros de APIC, en el Ayuntamiento o fuera de él, tratan de amedrentar o descalificar a nuestra asociación. Esperamos, eso sí, que esta vez sea la última, y que cada uno en su papel sepa cumplir con lo que sus programas electorales o estatutos (según los casos) demandan.

Frente a la situación actual de continuos picos de consumo de energía eléctrica que estamos sufriendo este verano, Ecologistas en Acción insiste una vez más en que la solución al problema es el ahorro de electricidad.

El aumento espectacular de ventas de aparatos de aire acondicionado en los últimos años se presenta como el principal causante del desaforado crecimiento del consumo. En muchas ocasiones se instalan este tipo de aparatos en salas con condiciones muy alejadas de las óptimas para un uso eficiente. Habitaciones demasiado pequeñas, mal aisladas, temperaturas programadas demasiado bajas y aparatos poco eficientes energéticamente son las condiciones comunes que hacen insostenible ambientalmente este consumo.

Es evidente que, además de resolver estas trabas, lo mejor sería evitar el uso de este tipo de aparatos de climatización en favor de otras soluciones menos derrochadoras de electricidad. Aislar bien puertas y ventanas, colocar cortinas en las ventanas, adquirir los electrodomésticos necesarios de alta eficiencia (etiqueta de clase A), apagar el modo en espera o stand-by de los aparatos de vídeo, TV, DVD, etc., utilizar bombillas de bajo consumo, y en definitiva utilizar siempre lo estrictamente necesario, son las medidas básicas para reducir el consumo eléctrico.

No hay que olvidar que este calor que sufrimos está enmarcado en lo que la comunidad científica ha dado en llamar Cambio Climático, y que se refiere al calentamiento global del planeta. Curiosamente este calentamiento global ha sido, y está siendo causado, por la emisión a la atmósfera de ciertos gases contaminantes, entre ellos el dióxido de carbono (CO2), que se producen de forma masiva en las centrales térmicas de producción de electricidad. Este tipo de centrales son las que se utilizan de forma mayoritaria en nuestro país. Por tanto, esto nos lleva a pensar que cuanta más electricidad consumamos, más contribuimos a aumentar las temperaturas, año tras año.

A pesar de que, como viene siendo habitual en los últimos veranos, las compañías eléctricas “sufren” averías y dejan sin suministro a algunas zonas de nuestra geografía, conviene recordar que los mayores picos de consumo eléctrico se producen en invierno, y no en verano. Lo cual quiere decir que las peticiones de construcción de centrales de producción eléctrica carecen de sentido. La mayoría de los cortes de suministro eléctrico se producen por deficiencias de la red de distribución eléctrica, ya que la potencia instalada en todo el país (a 1 de enero de 2005) es de 70 565 MW, cuando las demandas máximas no llegan a 40 000 MW.

ORGANIZACIONES ECOLOGISTAS, VECINALES Y DE AFECTADOS CREAN UNA COORDINADORA ESTATAL PARA EXIGIR LA PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ELECTROMAGNÉTICA

Este fin de semana se han reunido en Madrid, en la sede de Ecologistas en Acción, más de veinte organizaciones vecinales, colectivos de afectados y ecologistas de Navarra, Asturias, La Rioja, Andalucía, Galicia, Canarias, Aragón, Región Murciana, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid; para tener un trabajo común en el tema de la contaminación electromagnética producida por las emisiones radioeléctricas derivadas del despliegue de las redes de telefonía móvil.

Los temas de debate en esta reunión han se han referido al despliegue y crecimiento exponencial de las redes telecomunicaciones y los posibles riesgos para la salud por una exposición residencial y continua a las emisiones de esta infraestructuras, la pasividad de los poderes públicos y una legislación obsoleta, hecha a medida de las operadoras de telefonía móvil. Esta situación ha hecho surgir numerosas agrupaciones, colectivo, asociaciones y plataformas en el estado español que reclaman así la revisión de la regulación estatal y de las autonómicas para potenciar la protección a la salud, la creación de un comité de expertos independiente y un a comisión interministerial que aborde el tema de la electropolución, y el fomento de investigaciones científicas independientes sobre la contaminación electromagnética y, en particular, de estudios epidemiológicos así como campañas de información sobre al abuso del móvil y el desarrollo de un código de buenas prácticas.

Otro objetivos planteados es el desarrollo del intercambio de información sobre la situación de antenas de telefonía móvil en cada comunidad autónoma y la necesidad de coordinar acciones y movilizaciones para frenar y ordenar esta implantación así como el emplazamiento a las instituciones para un cambio en la normativa de control sobre el espacio radioeléctrico que se base en criterios de precaución , prevención del los riesgos para la salud publica y minimización de las emisiones de estas infraestructuras de telecomunicaciones en el sentido en el que se ha desarrollado la legislación de otros países de nuestro entorno como Suiza o Italia o Luxemburgo.

En estos próximos meses con el acuerdo AETIC (operadoras de telefonía móvil) y la federación de municipios se va a producir la instalación de las nuevas antenas estaciones base de telefonía móvil UMTS va a suponer nuevos problemas en su ubicación, unidas a un conjunto de irregularidades urbanísticas que afectan a muchas instalaciones de telefonía móvil: como la ausencia de licencias municipales o de actividades clasificadas. Estudios de investigadores independientes han alertando sobre los posibles efectos y riegos en la salud pública y han señalado los efectos biosanitarios de las emisiones de la telefonía móvil a niveles de inmisión radioeléctrica miles de veces inferiores a los que se han adoptado en la normativa . Esta coordinadora considera clave medidas institucionales en el sentido de coordinar el despliegue de la telefonía móvil con los mayores criterios de evitar las posibles afecciones a la salud y sus impactos sociales y ambientales.

ECOLOGISTAS EN ACCION INAUGURA UNA INSTALACION FOTOVOLTAICA EN PLENO CENTRO DE MADRID

El fiscal acusa a la alcaldesa de Colmenarejo de un supuesto delito urbanístico
La regidora, imputada en el caso de Prao Buriños, donde al amparo de una licencia de obra menor se construyeron chalés de lujo

La declaración, explica este colectivo, “se realizó en calidad de imputados, y a instancias del Ministerio Fiscal, lo cual significa que para dicho organismo público, en principio, hay razones de peso para entender que los tres han cometido sendos delitos de prevaricación y contra el medio ambiente, en la modalidad de ordenación del territorio, por haber otorgado una licencia de obras a sabiendas de que se utilizaría no para los fines que establecía, sino como excusa para reconstruir y reformar tres edificaciones”. En este sentido, Proyecto Verde recuerda que las citadas construcciones se encuentran en un lugar “especialmente protegido, por lo que cualquier obra que se hubiese hecho tendría que haber contado con una licencia de obra mayor y haber tenido como fin la reconstrucción de las naves agropecuarias tal y como exigió en febrero de 2001 la Junta Rectora del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama, que prohibió expresamente el uso residencial”. Respecto a la comparecencia de la regidora, el colectivo denunciante asegura que “no estuvo exenta de contradicciones”. Según Proyecto Verde, el concejal de Obras, José Polo, miembro de la actual Ejecutiva de la Agrupación Socialista de Colmenarejo, “manifestó que había dado licencia menor sobre una vivienda, cuando en realidad la dio también sobre unas naves agropecuarias para transformarlas luego en viviendas de lujo”. Además, este grupo afirma que este responsable ha sido uno de los que ha promovido “la expulsión de los tres concejales del Grupo Municipal Socialista, socios de Proyecto Verde, a los que se ha atacado por esta afiliación ecologista”. Finalmente, este colectivo considera “muy significativas” las declaraciones de la alcaldesa ante el juez “calificando la denuncia de campaña mediática contra su persona, confundiendo su persona con su cargo y demostrando, desde 2002, su nulo interés por resolver las irregularidades urbanísticas que ella misma provoca”.

Por su parte, la alcaldesa, negó haber incurrido en “contradicciones” en su declaración y, respecto a la concesión de la licencia, indicó que en su momento delegó ese tema en el concejal de Urbanismo o bien en la Junta de Gobierno, dependiendo de si se trataba de obra menor o mayor, declinando hacer más comentarios hasta que no termine el proceso judicial.

A juicio de Ecologistas en Acción la política de lucha contra incendios de la Comunidad de Madrid vuelve a destinar excesivos esfuerzos a la extinción, mientras se deja de lado la prevención, la coordinación y las campañas de sensibilización.

En la Comunidad de Madrid el número de incendios sigue una tendencia ascendente en los últimos años, lo mismo ocurre con la superficie quemada. Desde el año 2000 se viene alcanzando una media de 2.000 hectáreas quemadas al año, con un máximo de 2.700 hectáreas en 2003 y un mínimo de 888 en 2004. El número de incendios, desde el año 2000 viene superando los 300 incendios anuales (entre conatos e incendios).

Estos datos ponen de manifiesto que la política madrileña en relación de incendios forestales no consigue el aprobado. Las deficiencias más importantes radican en la inversión alcista en materia de extinción de incendios. El desvío de ingentes cantidades del presupuesto total de incendios forestales en extinción deja de lado otros aspectos relacionados con la gestión o la coordinación, tan o más importantes que aquella.

En cuanto a la prevención, la Comunidad de Madrid carece de planes de uso público en las zonas de mayor riesgo de incendios. Un ejemplo importante es la zona del pantano de San Juan. Ecologistas en Acción, en 2001, presentó a la Comunidad de Madrid una propuesta de gestión del uso público en los pinares y encinares del suroeste de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, ninguna de sus medidas se han puesto en práctica (limitación de vehículos en las pistas forestales, instalación de barreras, etc.).

En relación a la vigilancia y la comunicación, es importante resaltar que parte de las torres de vigilancia carecen de personal durante parte o la totalidad del verano. Aunque este año se ha solucionado la falta de cobertura en las emisoras fijas y vehículos, las emisoras móviles, del personal que se desplaza a pie, siguen sin contar con cobertura adecuada.

Existe una falta de coordinación importante entre el personal dependiente de la Dirección General de Protección Ciudadana (bomberos) y la Dirección General de Medio Natural (retenes, agentes forestales, técnicos, etc.). Actualmente no existe un mando único lo que causa un gran desconcierto entre el personal de extinción. Por otra parte, la empresa privada cada vez tiene más competencias y atribuciones dentro de la Dirección General de Medio Natural, lo que suma aún más descoordinación.

Una de las deficiencias más importantes en Madrid es el elevadísimo porcentaje de incendios con causa desconocida. Una de las razones que dificulta la investigación exitosa de la causa de los incendios es la celeridad en acudir al lugar del siniestro para evitar, en lo posible, la destrucción de las pruebas. Sin embargo, hasta ahora los agentes forestales están llegando con 24 y 72 horas de retraso. Este año la Comunidad de Madrid presenta las Brigadas de Investigación, una especie de CSI de los incendios forestales. Sin embargo ha reducido el personal destinado a estas labores de 170 agentes, el año pasado, a 24 agentes este año.

Finalmente Ecologistas en Acción considera imprescindible que la Comunidad de Madrid destine más medios a las campañas de sensibilización en los medios de comunicación. Es esta una asignatura pendiente, ya que alrededor del 80% de los incendios con causa conocida están provocados por negligencias, lo que evidencia una falta de sensibilización y responsabilidad de los usuarios del monte.

Televisión Española emitió el pasado domingo 29 de Mayo, el reportaje «Contaminación: el ocaso de la luz» (producido por Dox BBC) en el programa «Documentos TV», que ha tenido una gran repercusión en el mundo ecologista, al poner en conocimiento de muchos el fenómeno del «oscurecimiento global», resultado, al igual que el efecto invernadero, de la contaminación atmosférica, pero de efecto opuesto.

El oscurecimiento global se refiere a la pérdida de transparencia de la atmósfera, que produciría un filtrado de los rayos solares, y una consecuente bajada de las temperaturas. El efecto fue observado por primera vez por Gerry Stanhill, un especialista en el diseño de regadíos en Israel. Comparando los registros de cantidad de luz solar actuales con los de 1950 encontró, asombrado, que ésta se había reducido en una cantidad considerable.

Intrigado, Stanhill analizó los datos de otras partes del mundo y aunque encontró que los efectos variaban mucho de un lugar a otro, probó que entre 1950 y 1990 la luz solar había disminuido a un ritmo de entre un 1 y un 2% cada década. Pero su estudio, publicado en 2001, fue recibido con escepticismo. Ahora, el trabajo de otros científicos, con un método absolutamente diferente de medición, ha llegado a la misma conclusión. La comunidad científica ha tomado conciencia de que el oscurecimiento global es una terrible realidad.

En la actualidad nuestro planeta en su conjunto recibe una media del 15% menos de luz que hace 50 años, según Michael Roderick, investigador de la Universidad Nacional de Australia en Canberra, mientras que la niebla que nosotros vemos hoy es aproximadamente un 3% más densa que hace 40 años.

Mientras que la Tierra se recalienta, como así revela la evolución de la temperatura global, lo lógico es que la evaporación de agua aumente también. Sin embargo, el equipo de Roderick ha podido comprobar que a menor radiación solar en la superficie del agua, se produce también menos evaporación y en consecuencia menos precipitaciones.

La combustión del carbón y el petróleo no produce sólo dióxido de carbono, responsable del efecto invernadero, sino también pequeñas partículas de hollín, ceniza y compuestos de azufre.

Todas estas partículas devuelven la luz solar al espacio y afectan a las propiedades de las nubes. Las partículas se convierten en núcleos de condensación de agua, por lo que las nubes contaminadas reflejan mucha más luz solar, que no llega a la superficie de la Tierra.

«Contaminación: el ocaso de la luz» muestra la preocupación de los científicos por un fenómeno que está modificando el patrón mundial de lluvias y puede ser el responsable de las sequías que costaron la vida a miles de personas en África en las últimas décadas del siglo XX. Pero tal vez el aspecto más alarmante es que puede haber inducido a los científicos a subestimar el verdadero alcance del efecto invernadero. El calentamiento global no ha sido tan intenso porque la disminución de la luz solar, el oscurecimiento global, ha contrarrestado sus efectos.

El oscurecimiento global impacta sobre el ciclo del agua: reduce la evaporación y en consecuencia las precipitaciones, lo que resulta particularmente grave para las regiones más áridas.

El oscurecimiento afecta asimismo a la fotosíntesis, tal como lo ha explicado Roderick, afectando así a los bosques, a la agricultura y a la vegetación planetaria en su conjunto.

Ante el grave impacto ambiental que supone la generación de la electricidad y el fuerte incremento en el consumo eléctrico sufrido en la última década, Ecologistas en Acción ha elaborado un Plan de ahorro y eficiencia en el consumo eléctrico, en el que se recogen medidas concretas a llevar a cabo en un periodo de diez años, que supondrían una reducción del actual consumo eléctrico de, al menos, un 35%.

La producción de electricidad constituye una de las principales causas de la destrucción de nuestro medio ambiente, ya que un 48,3% tiene su origen en fuentes fósiles, especialmente carbón, y el 23,9% proviene de las centrales nucleares. Las centrales térmicas producen un porcentaje importante de los gases de efecto invernadero, responsables del cambio climático, y que alejan a nuestro país de los objetivos del Protocolo de Kioto, mientras que las centrales nucleares, a parte del peligro que suponen, conllevan emisiones radioactivas y la producción de residuos nucleares. Por otra parte los grandes embalses implican la destrucción de grandes valles que se ven inundados por su aguas.

Sin embargo, el consumo eléctrico se ha disparado de manera espectacular en los últimos años, debido en parte al crecimiento económico experimentado, pero también a causa de los bajos preciso de la electricidad, que en los últimos años el gobierno, o bien ha subido muy por debajo de IPC, o incluso directamente los ha bajado, tal y como ocurrió durante cinco años seguidos, entre 1997 y 2001.

En el plan elaborado por Ecologistas en Acción se plantean medidas concretas encaminadas a reducir el consumo eléctrico, pero sin afectar a nuestra forma y calidad de vida. Las medidas propuestas varían en función de que se trate de consumo industrial, del doméstico o del sector público y de servicios.

Una buena parte de las medidas van dirigidas a incrementar el precio de la electricidad, al menos hasta alcanzar los niveles de precios del vecino Portugal, aunque también se incluyen medidas encaminadas al fomento de tecnologías más eficientes en la industria, al fomento de electrodomésticos más eficientes en los hogares, utilización de lámparas de bajo consumo, eliminación de los pilotos en modo de espera, retirada del mercado de los aparatos menos eficientes, introducción en la construcción de viviendas de pautas que contribuyan a la reducción del consumo, cambios en el alumbrado público, reducción de pérdidas en redes de transporte y distribución, etc.

Con la adopción de las medidas propuestas, para lo que sería necesario un periodo de diez años, podría conseguirse una reducción del consumo eléctrico de al menos un 35 %, lo que constituiría, sin lugar a dudas, la medida ambiental más positiva de las que se ha adoptado en nuestro país en las últimas décadas.

Para poder llevar a cabo las medidas propuestas en el Plan, Ecologistas en Acción plantea su financiación con el incremento de ingresos que obtendrían las compañías eléctricas como consecuencia del incremento del precio de la electricidad que se plantea en el Plan. Asimismo, se propone la creación de la Compañía de Ahorro Energético (CAE), entidad pública que dependería del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Industria, y que sería el encargado de llevar a cabo las medidas propuestas en el Plan.

Este plan ha sido remitido al Presidente del Gobierno, a la Ministra de Medio Ambiente y al Ministro de Industria, solicitando que lleven a cabo las medidas propuestas en el Plan, así como que las tengan en cuenta en el nuevo Plan de Ahorro y Eficiencia Energética, y el nuevo Plan Energético Nacional que actualmente se están elaborando.

Plan de ahorro y eficiencia en el consumo eléctrico. Horizonte 2015
http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/plan_ahorro_energetico.pdf
Formato: PDF Tamaño: 1.1 MB

El problema suscitado por la construcción del nuevo colegio junto a una línea eléctrica va a necesitar altas dosis de coraje político, movilización ciudadana y constancia ecologista, aderezado todo ello con cantidades ilimitadas de diálogo, si queremos asistir a una solución satisfactoria para todos dentro de los próximos años.

Actualmente existen dos enfoques principales: Los que abogan por paralizar las obras del colegio en tanto no se solucione el problema y los que abogan por solucionar el problema sin detener la construcción del colegio. Cada una tiene sus argumentos y ambas posturas son respetables. Proyecto Verde ha apostado por la segunda opción.
Antes de explicar por qué, queremos hacer algunas reflexiones previas.

El lugar elegido para la instalación del nuevo colegio es, como se ha demostrado, muy poco afortunado, y parece más fruto de un rifirrafe político que de un análisis meditado. Pero desde un punto de vista ecológico y alejado del devenir político (que es el terreno en el que nosotros nos debemos mover), los lugares propuestos por unos y otros son igualmente aptos para urbanizar, con la salvedad de la mayor proximidad de la línea en el caso del emplazamiento elegido. Este inconveniente fue rápidamente contestado por el Equipo de Gobierno mediante el compromiso de retirar la línea, no solo del nuevo colegio sino de toda la zona urbana del municipio, incluyendo la “martirizada” Fuente del Conejo (polígono, línea, antenas). Ante este giro, la postura de nuestra asociación fue la de promover una postura activa para exigir el cumplimiento de dicho compromiso.
El Ayuntamiento ha puesto gran énfasis en lo reducido de las radiaciones electromagnéticas que las mediciones, por él auspiciadas, han revelado. En un asunto en el que no existen evidencias científicas, los resultados de las mediciones deben pasar a un segundo plano. Existe suficiente alarma social, hay suficientes datos epidemiológicos “sospechosos”, suficientes precedentes en otros países que actúan contra las líneas, e incluso sentencias judiciales en España, como para actuar con toda la prudencia del mundo y evitar sistemáticamente la coexistencia de líneas eléctricas y núcleos urbanos. Que las mediciones en el nuevo colegio y el despacho del arquitecto municipal sean iguales, sólo demuestra eso mismo: que son iguales. Quien sabe si, cuando salgan a la luz los estudios científicos que están elaborando instancias supranacionales desde hace años, no tendremos que cambiar al arquitecto de despacho. No existe ningún informe que diga que por debajo de determinada cifra de mgauss, la salud de los niños está a salvo. Por otro lado, estamos centrados exclusivamente en la radiación electromagnética, olvidando que el efecto nocivo de las líneas eléctricas podría ser indirecto, y debido a su acción sobre moléculas presentes en la atmósfera, por ejemplo. Y en este sentido, un reciente estudio de una universidad británica relaciona los campos electromagnéticos con un aumento en la concentración de radón, un peligroso gas radiactivo con efectos cancerígenos probados.

Otro aspecto a valorar es el del coste económico que para municipio y particulares va a tener la urbanización junto a líneas eléctricas, que no va a ser pequeño.

Dos soluciones a un mismo problema
Existe un movimiento ciudadano que ha partido de un sector de padres y madres, que mediante la recogida de firmas, aboga por detener las obras del nuevo colegio en tanto no se retire la línea eléctrica, o cambiar su ubicación. A nuestro entender, esta postura tiene notables inconvenientes, y el principal de todos es la paralización de las obras. Colmenarejo necesita este colegio, los niños están escolarizados en barracones, y esta situación no puede mantenerse mucho tiempo más. Además, sin el colegio funcionando, la “urgencia política” desaparece, y podemos entrar en una situación de impasse en la que ni se acabe el colegio ni se retire la línea. Y finalmente, cambiar el colegio de sitio, teniendo en cuenta lo que se llevaba construido en el momento de surgir esta opción, es tanto o más caro que un desvío provisional de la línea a la altura del colegio, que no requiere su paralización.

La otra postura aboga por el diálogo entre las partes afectadas, pero con la condición inexcusable de que la línea debe ser retirada lo antes posible. Esta postura cuenta con la participación del AMPA, los profesores, la Asociación de Vecinos, el Ayuntamiento y Proyecto Verde, y tiene el apoyo de la Plataforma que asociaciones vecinales y ecologistas hemos creado en la sierra madrileña para la retirada de líneas de alta tensión y antenas de telefonía móvil de los núcleos urbanos. El objetivo de esta opción es conseguir que el ayuntamiento se comprometa a que al inicio del curso 2002-2003 la línea haya sido desviada totalmente en todo el casco urbano o, si esto no fuera posible en estos plazos, al menos en el área del colegio. Este compromiso, que ya hemos obtenido de manera verbal en reuniones mantenidas por esta plataforma, deberá formalizarse en cuanto el ayuntamiento ultime los estudios técnicos sobre un desvío parcial. La firma de un documento en este sentido deberá producirse a lo largo del mes de junio. De esta manera quedará garantizado que colegio y línea dejarán de coexistir lo más tardar en septiembre de año 2002.

¿Asunto resuelto?
La solución del problema del colegio, con ser la más urgente, no puede ocultar otros aspectos del asunto. La intención del ayuntamiento es la de desviar la linea a través del Parque Regional del Curso Medio del Guadarrama. Con apenas dos años de existencia, este Parque, cuya importancia medioambiental es enorme, ya está amenazado por un buen número de municipios que ven en sus dominios no urbanizables un lugar ideal para “meter” todo aquello que no aporta rentabilidad económica directa, y dejar libre el resto para construir, construir y construir. Así, unos quieren meter las carreteras de circunvalación, otros zonas de equipamiento deportivo… y nuestro ayuntamiento quiere meter la linea de alta tensión. Pero al menos, en el caso de Colmenarejo, el ayuntamiento ha puesto sobre la mesa una propuesta: Compensar esta agresión con la inclusión de terrenos en el Parque.
Desde luego, el desvío de las líneas por el Parque sin contrapartidas, obtendría un rechazo frontal de Proyecto Verde y de todo el movimiento ecologista regional. Eso, en el supuesto de que la Comunidad de Madrid en primer lugar y la dirección del Parque en segundo, autorizaran tal cosa (algo que parece improbable, a la vista de las primeras actuaciones de la nueva dirección, encabezada por José María González, un hombre de probada sensibilidad medioambiental). La existencia de contrapartidas debería ser evaluada por los ecologista, la dirección del Parque y la Comunidad de Madrid, y solo la unanimidad desbloquearía el asunto. En cualquier caso, los terrenos a incluir como contrapartida deberían poseer un valor ecológico reconocido y ser aledaños al Parque, obviamente.
Paralelamente, la reciente promulgación de la ley estatal 6/2001 de 8 de mayo que modifica el real decreto 1302/1986 sobre evaluación de impacto ambiental, añade la ejecución de cualquier línea eléctrica aérea de más de 3 kilómetros en zonas de sensibilidad ambiental (y el Parque lo es, desde luego) al grupo de obras en las que se exige evaluación de impacto ambiental.

Si a todos los aspectos políticos y medioambientales anteriormente citados, añadimos los puramente técnicos y jurídicos, cabe concluir que la retirada total de la línea aérea de Colmenarejo es un asunto que va a exceder ampliamente la actual legislatura. Lo contrario sería un milagro. En cualquier caso, la participación de todos los colectivos sociales y políticos sin exclusión, en la búsqueda de una solución satisfactoria, siempre va a suponer un recorte apreciable en los plazos de retirada.

Proyecto Verde