El problema suscitado por la construcción del nuevo colegio junto a una línea eléctrica va a necesitar altas dosis de coraje político, movilización ciudadana y constancia ecologista, aderezado todo ello con cantidades ilimitadas de diálogo, si queremos asistir a una solución satisfactoria para todos dentro de los próximos años.
Actualmente existen dos enfoques principales: Los que abogan por paralizar las obras del colegio en tanto no se solucione el problema y los que abogan por solucionar el problema sin detener la construcción del colegio. Cada una tiene sus argumentos y ambas posturas son respetables. Proyecto Verde ha apostado por la segunda opción.
Antes de explicar por qué, queremos hacer algunas reflexiones previas.
El lugar elegido para la instalación del nuevo colegio es, como se ha demostrado, muy poco afortunado, y parece más fruto de un rifirrafe político que de un análisis meditado. Pero desde un punto de vista ecológico y alejado del devenir político (que es el terreno en el que nosotros nos debemos mover), los lugares propuestos por unos y otros son igualmente aptos para urbanizar, con la salvedad de la mayor proximidad de la línea en el caso del emplazamiento elegido. Este inconveniente fue rápidamente contestado por el Equipo de Gobierno mediante el compromiso de retirar la línea, no solo del nuevo colegio sino de toda la zona urbana del municipio, incluyendo la “martirizada” Fuente del Conejo (polígono, línea, antenas). Ante este giro, la postura de nuestra asociación fue la de promover una postura activa para exigir el cumplimiento de dicho compromiso.
El Ayuntamiento ha puesto gran énfasis en lo reducido de las radiaciones electromagnéticas que las mediciones, por él auspiciadas, han revelado. En un asunto en el que no existen evidencias científicas, los resultados de las mediciones deben pasar a un segundo plano. Existe suficiente alarma social, hay suficientes datos epidemiológicos “sospechosos”, suficientes precedentes en otros países que actúan contra las líneas, e incluso sentencias judiciales en España, como para actuar con toda la prudencia del mundo y evitar sistemáticamente la coexistencia de líneas eléctricas y núcleos urbanos. Que las mediciones en el nuevo colegio y el despacho del arquitecto municipal sean iguales, sólo demuestra eso mismo: que son iguales. Quien sabe si, cuando salgan a la luz los estudios científicos que están elaborando instancias supranacionales desde hace años, no tendremos que cambiar al arquitecto de despacho. No existe ningún informe que diga que por debajo de determinada cifra de mgauss, la salud de los niños está a salvo. Por otro lado, estamos centrados exclusivamente en la radiación electromagnética, olvidando que el efecto nocivo de las líneas eléctricas podría ser indirecto, y debido a su acción sobre moléculas presentes en la atmósfera, por ejemplo. Y en este sentido, un reciente estudio de una universidad británica relaciona los campos electromagnéticos con un aumento en la concentración de radón, un peligroso gas radiactivo con efectos cancerígenos probados.
Otro aspecto a valorar es el del coste económico que para municipio y particulares va a tener la urbanización junto a líneas eléctricas, que no va a ser pequeño.
Dos soluciones a un mismo problema
Existe un movimiento ciudadano que ha partido de un sector de padres y madres, que mediante la recogida de firmas, aboga por detener las obras del nuevo colegio en tanto no se retire la línea eléctrica, o cambiar su ubicación. A nuestro entender, esta postura tiene notables inconvenientes, y el principal de todos es la paralización de las obras. Colmenarejo necesita este colegio, los niños están escolarizados en barracones, y esta situación no puede mantenerse mucho tiempo más. Además, sin el colegio funcionando, la “urgencia política” desaparece, y podemos entrar en una situación de impasse en la que ni se acabe el colegio ni se retire la línea. Y finalmente, cambiar el colegio de sitio, teniendo en cuenta lo que se llevaba construido en el momento de surgir esta opción, es tanto o más caro que un desvío provisional de la línea a la altura del colegio, que no requiere su paralización.
La otra postura aboga por el diálogo entre las partes afectadas, pero con la condición inexcusable de que la línea debe ser retirada lo antes posible. Esta postura cuenta con la participación del AMPA, los profesores, la Asociación de Vecinos, el Ayuntamiento y Proyecto Verde, y tiene el apoyo de la Plataforma que asociaciones vecinales y ecologistas hemos creado en la sierra madrileña para la retirada de líneas de alta tensión y antenas de telefonía móvil de los núcleos urbanos. El objetivo de esta opción es conseguir que el ayuntamiento se comprometa a que al inicio del curso 2002-2003 la línea haya sido desviada totalmente en todo el casco urbano o, si esto no fuera posible en estos plazos, al menos en el área del colegio. Este compromiso, que ya hemos obtenido de manera verbal en reuniones mantenidas por esta plataforma, deberá formalizarse en cuanto el ayuntamiento ultime los estudios técnicos sobre un desvío parcial. La firma de un documento en este sentido deberá producirse a lo largo del mes de junio. De esta manera quedará garantizado que colegio y línea dejarán de coexistir lo más tardar en septiembre de año 2002.
¿Asunto resuelto?
La solución del problema del colegio, con ser la más urgente, no puede ocultar otros aspectos del asunto. La intención del ayuntamiento es la de desviar la linea a través del Parque Regional del Curso Medio del Guadarrama. Con apenas dos años de existencia, este Parque, cuya importancia medioambiental es enorme, ya está amenazado por un buen número de municipios que ven en sus dominios no urbanizables un lugar ideal para “meter” todo aquello que no aporta rentabilidad económica directa, y dejar libre el resto para construir, construir y construir. Así, unos quieren meter las carreteras de circunvalación, otros zonas de equipamiento deportivo… y nuestro ayuntamiento quiere meter la linea de alta tensión. Pero al menos, en el caso de Colmenarejo, el ayuntamiento ha puesto sobre la mesa una propuesta: Compensar esta agresión con la inclusión de terrenos en el Parque.
Desde luego, el desvío de las líneas por el Parque sin contrapartidas, obtendría un rechazo frontal de Proyecto Verde y de todo el movimiento ecologista regional. Eso, en el supuesto de que la Comunidad de Madrid en primer lugar y la dirección del Parque en segundo, autorizaran tal cosa (algo que parece improbable, a la vista de las primeras actuaciones de la nueva dirección, encabezada por José María González, un hombre de probada sensibilidad medioambiental). La existencia de contrapartidas debería ser evaluada por los ecologista, la dirección del Parque y la Comunidad de Madrid, y solo la unanimidad desbloquearía el asunto. En cualquier caso, los terrenos a incluir como contrapartida deberían poseer un valor ecológico reconocido y ser aledaños al Parque, obviamente.
Paralelamente, la reciente promulgación de la ley estatal 6/2001 de 8 de mayo que modifica el real decreto 1302/1986 sobre evaluación de impacto ambiental, añade la ejecución de cualquier línea eléctrica aérea de más de 3 kilómetros en zonas de sensibilidad ambiental (y el Parque lo es, desde luego) al grupo de obras en las que se exige evaluación de impacto ambiental.
Si a todos los aspectos políticos y medioambientales anteriormente citados, añadimos los puramente técnicos y jurídicos, cabe concluir que la retirada total de la línea aérea de Colmenarejo es un asunto que va a exceder ampliamente la actual legislatura. Lo contrario sería un milagro. En cualquier caso, la participación de todos los colectivos sociales y políticos sin exclusión, en la búsqueda de una solución satisfactoria, siempre va a suponer un recorte apreciable en los plazos de retirada.
Proyecto Verde