El fiscal acusa a la alcaldesa de Colmenarejo de un supuesto delito urbanístico
La regidora, imputada en el caso de Prao Buriños, donde al amparo de una licencia de obra menor se construyeron chalés de lujo

La declaración, explica este colectivo, “se realizó en calidad de imputados, y a instancias del Ministerio Fiscal, lo cual significa que para dicho organismo público, en principio, hay razones de peso para entender que los tres han cometido sendos delitos de prevaricación y contra el medio ambiente, en la modalidad de ordenación del territorio, por haber otorgado una licencia de obras a sabiendas de que se utilizaría no para los fines que establecía, sino como excusa para reconstruir y reformar tres edificaciones”. En este sentido, Proyecto Verde recuerda que las citadas construcciones se encuentran en un lugar “especialmente protegido, por lo que cualquier obra que se hubiese hecho tendría que haber contado con una licencia de obra mayor y haber tenido como fin la reconstrucción de las naves agropecuarias tal y como exigió en febrero de 2001 la Junta Rectora del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama, que prohibió expresamente el uso residencial”. Respecto a la comparecencia de la regidora, el colectivo denunciante asegura que “no estuvo exenta de contradicciones”. Según Proyecto Verde, el concejal de Obras, José Polo, miembro de la actual Ejecutiva de la Agrupación Socialista de Colmenarejo, “manifestó que había dado licencia menor sobre una vivienda, cuando en realidad la dio también sobre unas naves agropecuarias para transformarlas luego en viviendas de lujo”. Además, este grupo afirma que este responsable ha sido uno de los que ha promovido “la expulsión de los tres concejales del Grupo Municipal Socialista, socios de Proyecto Verde, a los que se ha atacado por esta afiliación ecologista”. Finalmente, este colectivo considera “muy significativas” las declaraciones de la alcaldesa ante el juez “calificando la denuncia de campaña mediática contra su persona, confundiendo su persona con su cargo y demostrando, desde 2002, su nulo interés por resolver las irregularidades urbanísticas que ella misma provoca”.

Por su parte, la alcaldesa, negó haber incurrido en “contradicciones” en su declaración y, respecto a la concesión de la licencia, indicó que en su momento delegó ese tema en el concejal de Urbanismo o bien en la Junta de Gobierno, dependiendo de si se trataba de obra menor o mayor, declinando hacer más comentarios hasta que no termine el proceso judicial.