Artículo aparecido en la edición del 26 de Octubre de 2004 en el diario «El Universo»
Tras la denuncia de un grupo ecologista
La Comunidad lleva ante el juez la explotación de una finca en Colmenarejo
Proyecto Verde alertó de actuaciones urbanísticas ocultas en un terreno destinado a la cría de burros
Transcurridos más de dos años y medio desde que Proyecto Verde-Ecologistas en Acción denunciara, ante la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento de Colmenarejo y al propietario de la finca Prao Burriños, el caso ha pasado a los tribunales.
Esto viene a suponer que el presunto delito denunciado por la organización ecologista supera una mera infracción administrativa y podría alcanzar el grado de delito ambiental, como vienen asegurando los denunciantes desde que conocieron los hechos. El propietario de la finca denunciada presentó en 2002, ante la Junta Rectora del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama, una solicitud para rehabilitar unas edificaciones en estado ruinoso que habían quedado enmarcadas dentro del Parque, en las proximidades del Camino del Rey, próximo a la ermita.
Prohibido el uso residencial
Aunque el propietario aduce en la solicitud su intención de criar burros, Proyecto Verde sospechó de las intenciones urbanísticas que podrían esconderse tras la petición, e informó de este hecho al Parque Regional. Sin embargo, como la cría de estos animales es compatible con los usos admitidos en la zona de Parque, la Junta Rectora aprobó la rehabilitación de las instalaciones, con la prohibición expresa de que se destinasen a uso residencial.
La responsabilidad que este grupo imputa al Ayuntamiento no sólo se refiere a la concesión de una licencia de obra menor a las tres personas que se presentan como propietarios de cada una de las construcciones de la finca. Según Proyecto Verde, el Consistorio ha consentido que con esta licencia se haya llevado a cabo una actuación que, aseguran, no se corresponde con la verdadera solicitud tramitada en el Parque Regional y que este grupo considera de obra mayor. A esto añaden que la finca ha sido dividida en tres parcelas con vallados también irregulares, que han permitido habilitar tres diferentes construcciones con sus respectivas parcelas. En este sentido, los denunciantes han aportado documentación para demostrar que, en realidad, se han realizado otro tipo de rehabilitaciones, con nuevos forjados, cubiertas y divisiones internas más acordes con viviendas que con cuadras para la cría caballar. Esta documentación se ha visto reforzada con las denuncias tramitadas por la Guardería Forestal del Parque en varias de las citadas irregularidades
Dos meses después de que el Consistorio concediera la licencia a los interesados, Proyecto Verde interpuso una denuncia administrativa en la Comunidad de Madrid contra el propietario inicial de la finca y la Corporación municipal.
Ante la actuación del grupo conservacionista local, el Ayuntamiento emitió un comunicado en el que se defendía esta actuación y se amenazaba a Proyecto Verde con una posible denuncia por supuesto delito de calumnias.
Al cabo de más de dos años, y tras un cambio de Gobierno regional de por medio, “la jefe del Servicio de Disciplina Ambiental considera que los hechos van más allá de la simple infracción administrativa y remite las actuaciones realizadas a la juirisdicción penal, por considerar que pueden ser constitutivas de un delito contra la ordenación del territorio, tipificado en el artículo 319 del Código Penal”, explica Proyecto Verde.