Artículo aparecido en la edición del 30 de Junio de 2005 en el diario «El Universo»
ESTÁ ACUSADA POR UN SUPUESTO DELITO URBANÍSTICO
En esta ocasión, la misma sociedad de cazadores de Colmenarejo que el verano pasado estuvo matando hembras y crías de jabalíes con un permiso que se demostró del todo irregular, ha conseguido de la Comunidad de Madrid un permiso de descaste de conejo para la finca 10276.
Las parcelas, privadas y públicas, que componen esta finca suman un total de 1.114 hectáreas en la zona denominada Las Cuestas. Pese a la alarma vecinal surgida en un primer momento, los otros dos cotos de menores dimensiones, Peña Rubia y Las Nicolasas, de 73 y 22 hectáreas respectivamente, no han sido autorizados para la práctica de estos descastes.
La Consejería de Medio Ambiente no dio respuesta a la pregunta de este diario sobre los estudios o informes que hayan contribuido a otorgar un permiso de descaste en zonas protegidas por la Ley del Parque Regional del Curso Medio del Guadarrama donde, además, se lleva años evidenciando que no existe población suficiente ni para continuar con la caza habitual en temporada. Por ello, los vecinos se temen que este permiso se haya basado en el informe de algún agente del parque regional, sin estudio solvente que lo avale. Y es que el temor se viene acompañado de la experiencia del pasado verano, en el que las esperas de jabalíes se autorizaron con otro informe de un agente que aseguraba que estos animales producían daños a los cultivos, cuando en Colmenarejo no existe esta actividad desde hace varios años.
Los descastes de cualquier especie se autorizan en casos en que la sobrepoblación es evidente y susceptible de provocar cualquier tipo de daño, ya sea a cultivos u otras actividades humanas.
En este caso, no sólo no existe sobrepoblación de conejos, sino que al tratarse de un parque regional, su Ley no permite la caza en épocas de cría como es la actual. Concretamente, el punto 4.8.2. del PORN (Plan de Ordenación de Recursos Naturales) de este parque regional, sobre Aprovechamiento cinegético, Directrices y Limitaciones, especifica: “No estará permitido el ejercicio de la caza durante las épocas de celo, reproducción o crianza”.
La Consejería de Medio Ambiente ya ha sido avisada por los grupos conservacionistas sobre el riesgo de prevaricar que supone el seguir permitiendo este tipo de prácticas en suelo especialmente protegido. Al tratarse de parcelas municipales, el Ayuntamiento comparte estas mismas responsabilidades. Y tal vez por ello, finalmente sólo se ha autorizado este tipo de permiso en el mayor de los cotos que aún mantiene operativo este municipio. Algo que no se acompaña de controles de la Comunidad.
Un tiempo de descanso
En otros municipios donde también sufren esta escasez de fauna, ya se plantean fórmulas tan sencillas como dejar de cazar una o dos temporadas para permitir la recuperación de especies. Y, por supuesto, en estos pueblos los cazadores no cazan fuera de temporada e, incluso, la terminan antes del calendario si lo creen conveniente.
La declaración, explica este colectivo, “se realizó en calidad de imputados, y a instancias del Ministerio Fiscal, lo cual significa que para dicho organismo público, en principio, hay razones de peso para entender que los tres han cometido sendos delitos de prevaricación y contra el medio ambiente, en la modalidad de ordenación del territorio, por haber otorgado una licencia de obras a sabiendas de que se utilizaría no para los fines que establecía, sino como excusa para reconstruir y reformar tres edificaciones”. En este sentido, Proyecto Verde recuerda que las citadas construcciones se encuentran en un lugar “especialmente protegido, por lo que cualquier obra que se hubiese hecho tendría que haber contado con una licencia de obra mayor y haber tenido como fin la reconstrucción de las naves agropecuarias tal y como exigió en febrero de 2001 la Junta Rectora del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama, que prohibió expresamente el uso residencial”. Respecto a la comparecencia de la regidora, el colectivo denunciante asegura que “no estuvo exenta de contradicciones”. Según Proyecto Verde, el concejal de Obras, José Polo, miembro de la actual Ejecutiva de la Agrupación Socialista de Colmenarejo, “manifestó que había dado licencia menor sobre una vivienda, cuando en realidad la dio también sobre unas naves agropecuarias para transformarlas luego en viviendas de lujo”. Además, este grupo afirma que este responsable ha sido uno de los que ha promovido “la expulsión de los tres concejales del Grupo Municipal Socialista, socios de Proyecto Verde, a los que se ha atacado por esta afiliación ecologista”. Finalmente, este colectivo considera “muy significativas” las declaraciones de la alcaldesa ante el juez “calificando la denuncia de campaña mediática contra su persona, confundiendo su persona con su cargo y demostrando, desde 2002, su nulo interés por resolver las irregularidades urbanísticas que ella misma provoca”.