12 de febrero de 2001
Se reúne el Patronato del Parque Regional del Guadarrama, bajo la presidencia del Excmo. Sr. D. Pedro Calvo Poch, Consejero de Medio Ambiente. Se someten al criterio de los asistentes la autorización de diversas actuaciones propuestas por ayuntamientos y particulares dentro del Parque Regional.
La razón es que, en tanto no se regule mediante la publicación del PRUG (Plan de Regulación de Uso y Gestión), cualquier actuación en este espacio protegido deberá contar con la previa autorización de la Consejería de Medio Ambiente, tal y como establece la Ley 20/1999 de 3 de mayo del Parque Regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno, en su Disposición Adicional Segunda.
D. Andrés Ramón de la Torre, solicita autorización para rehabilitación de construcciones antiguas con destino a la cría de burro y caballo en Prao Buriños, una finca situada en zona de Máxima Protección del Parque. La alcaldesa de Colmenarejo informa de que no ha habido actividad en la citada finca.
El Patronato concede el permiso con la prohibición expresa del uso residencial.
Finales de 2001
Advertimos que la finca de Prao Buriños ha sido vallada, mediante técnicas no autorizadas en la zona. Pero lo que se presentó al Patronato como una única finca con tres edificaciones, ahora aparece dividido en cuatro espacios, vallados con tela metálica. Las edificaciones aparecen en parcelas distintas. Se coloca videovigilancia en dos de las puertas de acceso.
Denunciamos la irregularidad del vallado, y Medio Ambiente les impone una sanción que es recurrida.
El vallado irregular cuenta con licencia municipal.
Mayo de 2002
Advertimos que se están rehabilitando las construcciones para uso residencial, en contra de la resolución del Patronato. Advertimos que dicha rehabilitación constituye obra mayor, por cuanto afecta a elementos estructurales, y hacemos fotos.
Sin embargo, nos enteramos de que las obras cuentan con licencia municipal de obra menor, cuya cuantía es, casualmente, idéntica para las tres edificaciones.
Ante la enorme gravedad del asunto, remitimos un escrito al ayuntamiento advirtiendo que pueden estar incurriendo en un delito de prevaricación. Solicitamos una reunión urgente con la alcaldesa, el concejal de urbanismo y el de medio ambiente. Se niegan a recibirnos.
Denunciamos el asunto a la Guardería Forestal.
Junio de 2002
El ayuntamiento sigue sin recibirnos, curiosamente en pleno proceso de desarrollo de la participación ciudadana. Decidimos, pues, poner el asunto en conocimiento de los medios de comunicación.
Ante la publicación de artículos, en los que incluso el periodista contrasta nuestros datos con la Comunidad de Madrid y recibe su confirmación de que tal actuación es ilegal, el ayuntamiento emprende una campaña contra nosotros, en la que se nos amenaza con denunciarnos, tanto en los medios de comunicación como personalmente.
Julio de 2002
A la vista del desarrollo de los acontecimientos, y viendo que las obras de Prao Buriños continúan su curso, interponemos sendas denuncias administrativas contra el ayuntamiento por la concesión de licencias, en Medio Ambiente y Urbanismo.
Agosto de 2002
El ayuntamiento remite una nota a los medios de prensa que no tiene desperdicio y que se puede consultar íntegramente en Nota del Ayuntamiento. Por nuestra parte, enviamos a los medios un comentario sobre dicha nota (Respuesta nota prensa ayuntamiento).
Septiembre de 2002
Recibimos noticias de que la Consejería de Medio Ambiente ha resuelto la primera denuncia contra el vallado, imponiendo una multa de 3.000 euros a los propietarios, multa que es recurrida por la propiedad.
Octubre de 2002
El ayuntamiento convoca el Consejo de Medio Ambiente. Sorprendentemente, no se hace ninguna mención en el Orden del Día al asunto de Prao Buriños. Al final de la reunión, y dado lo avanzado de la hora, solicitamos que se incluya este punto en el próximo orden del día, junto con la venta de suelo público protegido a particulares (otra actuación polémica de este ayuntamiento).
Noviembre de 2002
Después de mucho insistir, Urbanismo resuelve nuestra denuncia mediante escrito en el que se limita a afirmar que las obras realizadas se ajustan a la licencia municipal concedida, que es justamente el hecho que denunciamos, es decir, la concesión de licencias sin tener la autorización de Medio Ambiente que marca la ley. Presentamos un recurso ante tal muestra de incompetencia.
Queda pendiente la respuesta de Medio Ambiente. Insistimos ante la Consejería, pero parece que no tienen prisa en resolver el asunto.
Navidades de 2002
En dos ocasiones coincidimos con la alcaldesa, la cual reitera la legalidad del asunto y dice estar recabando las pruebas que demuestran su inocencia para exponerlas públicamente. Le decimos que estamos esperando desde mayo esa reunión y que, si se demuestra la legalidad del asunto Prao Buriños, no tendremos ningún problema en retractarnos públicamente.
Comienzos de 2003
Decidimos aplazar cualquier acción judicial a la espera de la reunión del Consejo de Medio Ambiente que deberá tratar el asunto Prao Buriños.
Marzo de 2003
Se convoca el Consejo de Medio Ambiente. Ante nuestra incredulidad, se recogen en el orden del día varias propuestas de otras asociaciones, pero nada respecto a Prao Buriños ni a la venta de terrenos.
7 de marzo de 2003
Consejo de Medio Ambiente. Protestamos por la ausencia de nuestras propuestas de la orden del día. El Concejal de participación propone tratarlas en primer lugar y se acepta.
– Venta de Terrenos. Explica el concejal el asunto de la venta de terrenos en el Parque Regional, motivada por una propuesta de los propietarios de fincas colindantes al ayuntamiento. Reconoce que quizá no fuese una actuación acertada. Pedimos al ayuntamiento que no se vuelva a realizar ninguna venta de patrimonio de valor ecológico, y les recordamos que es necesaria, además, la información previa a la Consejería de Medio Ambiente para que ejerza su derecho de tanteo y retracto establecido en la ley 20/1999, ya que en caso contrario la venta puede ser nula.
-Asunto Prao Buriños. El Concejal de Medio Ambiente lee la resolución de Urbanismo dictada a raíz de una denuncia nuestra (Denuncia a Urbanismo y Resolución de Urbanismo), y referida ya en este escrito. Comentamos lo ya expuesto, y alegamos que tal resolución no se ajusta a derecho, porque se ha vulnerado clarísimamente una ley. Percibimos que la actitud municipal ha cambiado radicalmente en este tema. Incluso admiten que de haber alguna irregularidad ha sido motivada por el informe favorable del Secretario. Alegamos que el Patronato del Parque denegó expresamente el uso residencial, y que tal circunstancia no puede ser omitida porque en esta reunión estaba presente la alcaldesa. Por tanto, no es suficiente con escudarse en los informes verbales del Secretario. También se presentan fotos que demuestran que la obra realizada no es obra menor, como aparece en las licencias concedidas, sino mayor. Se acuerda pedir por escrito un informe al Secretario sobre la legalidad o no del asunto.
¿Qué va a pasar?
El ayuntamiento ha dado licencias de obra a unas supuestas viviendas. Pero son viviendas que no tributan contribución como cualquier chalet (porque no existen ni fiscal ni urbanísticamente). No pueden tener acceso al agua municipal porque no tienen licencia de habitabilidad, por lo que toman agua directamente del Canal de Isabel II. No tienen red de saneamiento, ni recogida de pluviales, ni aceras (aunque se da el contrasentido de pedirlas en la licencia de obras, sabiendo que no se pueden hacer, porque limitan con dos vías pecuarias). Además de la mencionada ley del Parque, estas viviendas incumplen media docena de leyes y normativa, desde de protección de la naturaleza, hasta la nueva ley del suelo en lo concerniente a vertidos y depuración. Se da la paradoja de que el Ayuntamiento deniega desde hace más de un año licencias en Los Escoriales (zona urbana) porque algún ramal del saneamiento pasa bajo parcelas, mientras que las concede aquí, en suelo protegido de un parque regional, sin accesos urbanizados, ni viales, ni iluminación, ni agua, ni teléfono, ni luz, ni saneamiento, ni red de pluviales, ni licencia de primera ocupación, ni nada de nada.
Próximos pasos
Proyecto Verde valora el cambio de actitud municipal, pero no basta para dar el tema por zanjado. Se han cometido, a nuestro juicio, graves irregularidades, que incluso podrían ser constitutivas de delito. Responsables políticos han defendido públicamente la actuación e incluso nos ha amenazado, en público y en privado. Muchos propietarios con bienes en el Parque Regional están esperando a ver qué pasa con este asunto para intentar hacer ellos lo mismo. No podemos, por lo tanto, permitir este precedente.
Es posible que sea inevitable la vía penal, o es posible que el ayuntamiento acceda a reconocer públicamente los hechos, lo cual disuadiría tanto a ellos mismos como a otros ayuntamientos en situaciones similares, de seguir saltándose la legalidad. Esta segunda opción produciría los mismos resultados ejemplarizantes que una demanda, ya que en ningún momento nos mueve animadversión hacia nadie, ni deseo de causar daño alguno, ni de obtener una victoria personal. También habría que solicitar la retirada de las licencias concedidas por no ajustarse a lo especificado por el solicitante, y discutir qué se hace con lo ya ejecutado.
Es incluso posible que este asunto termine con una demanda de los promotores de Prao Buriños contra el Ayuntamiento.
Para más información puedes consultar nuestros otros artículos sobre Prao Buriños