Un año después de que el Fiscal Especial de Medio Ambiente decidiera (por iniciativa propia y sin denuncia penal alguna por nuestra parte) imputar a la Sra. Alcaldesa de Colmenarejo por un presunto delito de prevaricación medioambiental, él mismo ha decidido retirar dicha imputación.
Hace unas semanas, una juez de El Escorial ha sobreseído las actuaciones en relación a la denuncia presentada por el ayuntamiento de Colmenarejo por los vertidos de lodos realizados por el Canal de Isabel II en el río Aulencia, que han arruinado un ecosistema de enorme valor. En este caso, el Ayuntamiento y el mismo Fiscal de Medio Ambiente han recurrido el auto judicial.
A lo largo y ancho de nuestra geografía, incluso en nuestro pueblo y más aún en los pueblos vecinos, existen multitud de actuaciones urbanísticas irregulares cuando no delictivas. Ahora están empezando a aflorar algunos sonados casos de corrupción inmobiliaria en nuestro país, aunque los ciudadanos tenemos la triste convicción de que la corrupción política alcanza dimensiones escandalosas.
Los rastros de la corrupción y el delito municipal están por todas partes, y sin embargo los delincuentes e infractores no aparecen por ningún sitio. Es algo casi mágico, paranormal. Cuando los juicios llegan a celebrarse, el 99,9% de los políticos imputados son absueltos; unos no sabían, otros habían sido mal asesorados por sus técnicos… Y gracias a las leyes elaboradas por ellos mismos, los políticos eluden en la mayoría de los casos toda responsabilidad. Es curioso, porque mientras para cualquiera de nosotros el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, para un alcalde este principio jurídico no cuenta: si tiene el informe favorable de un técnico, puede cometer cualquier irregularidad en el convencimiento de que será absuelto en un improbable proceso judicial. Mientras que a usted le pueden trincar por abrir una ventana en una fachada que dé al jardín del vecino, el alcalde puede levantar un bloque de pisos conculcando todas las normas urbanísticas a condición de tener un informe favorable de un técnico, e irse de rositas. Usted, que no recibe sueldo alguno por ser ciudadano, tiene que conocer la ley al dedillo, y el Sr. Alcalde que cobra un buen sueldo por hacer lo que hace (se supone que sabiéndolo) puede desconocer por completo la legalidad urbanística más elemental. Así se entiende que haya tanto “chorizo” dispuesto a meterse en política.
Y si creen que exageramos, no tienen más que ver qué medidas “serias y eficaces” adopta el Parlamento de la Nación y los parlamentos autonómicos contra la corrupción política y urbanística que nos consume por los cuatro costados: ninguna