El pasado 20 de noviembre se cumplió un año de la toma de posesión de Esperanza Aguirre. Para Ecologistas en Acción este último año ha supuesto un importante retroceso en algunos aspectos como la pérdida de independencia de la Consejería de Medio Ambiente, al unificarse con Urbanismo. Por otra parte, la escasez de presupuestos dificulta enormemente una gestión ambiental de calidad y consolida el problema, heredado de anteriores gobiernos, de disciplina ambiental y urbanística.

El Gobierno de Esperanza Aguirre se inició con uno de los golpes más duros para el movimiento ecologista en la Comunidad, la desaparición de la Consejería de Medio Ambiente y su unificación con Urbanismo. Los intereses de las asociaciones de promotores urbanísticos (ASPRIMA especialmente) se antepusieron a las reiteradas solicitudes de Ecologistas en Acción para que se mantuviese como órgano independiente la Consejería de Medio Ambiente.

Un año después, unificar las dos Consejerías no ha dado el resultado que prometía la actual Presidenta, anteponer la protección ambiental a la especulación urbanística. Muy al contrario, la avalancha de nuevos planeamientos urbanísticos tratando de incorporar zonas de espacios protegidos al suelo urbano se está convirtiendo en una práctica demasiado frecuente (Avances de Moralzarzal, Villanueva de la Cañada, Las Rozas, Galapagar).

La prometida transparencia en las sesiones de la Comisión Provincial de Urbanismo (Órgano autonómico que supervisa y aprueba los planeamientos urbanísticos) tampoco se ha producido. Ecologistas en Acción ha solicitado en cuatro ocasiones, durante este año, volver a participar en este Órgano que preside el Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y del que fue expulsado en 1995 por Luis Eduardo Cortés, anterior Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte. Sin embargo, no ha recibido contestación alguna.

Para los ecologistas la reducción del presupuesto, en 2004, dedicado a medio ambiente ha dificultado que se lleven a cabo actuaciones importantes como la compra de fincas de gran valor ambiental. Esta actuación sería esencial en espacios protegidos como el Parque Regional del Sureste o el del Curso Medio del Río Guadarrama, donde la escasez o inexistencia de suelo público dificulta enormemente una gestión de calidad. Las previsiones para el próximo año no son mejores. El proyecto de presupuestos de 2005 vuelve a destinar escasos medios al medio ambiente madrileño.

Otra consecuencia de la precariedad presupuestaria en temas relacionados con el medio ambiente es el escaso personal destinado a tramitar los expedientes sancionadores tanto de Medio Ambiente como de Urbanismo. Aunque este es un problema ya heredado del anterior equipo de Gobierno no se ha hecho nada para mejorarlo. La casi paralización de los Servicios de Disciplina Ambiental y Disciplina Urbanística permiten que importantes infracciones queden impunes, simplemente, porque prescriben. El malestar en este sentido no es único entre los ecologistas, los propios agentes forestales de la Comunidad han protagonizado numerosas movilizaciones denunciando esta situación.

Por otra parte, la revitalización de proyectos enormemente impactantes, que ya estaban resueltos, como el desdoblamiento de la carretera M-501, o carretera de los pantanos, es otro aspecto que Ecologistas en Acción critica muy duramente. Considera que el proyecto está siendo fomentado desde la propia Consejería de Infraestructuras obviando los informes del CSIC, el máximo organismo científico del Estado. Igualmente, la constante insistencia de Esperanza Aguirre por llevar a cabo proyectos muy impactantes y muy discutibles desde el punto de vista técnico (como el cierre de la M-50 por El Pardo) o de viabilidad económica (como la radial R-1) demuestran que estamos ante un Gobierno insensible a las cuestiones ambientales.

Ecologistas en Acción rechaza el relanzamiento de la central térmica de Paracuellos de Jarama. Tras más de 3 años inactiva, Gas Natural ha presentado la memoria resumen del Proyecto. La planta tendrá un impacto ambiental severo y amenaza la seguridad del aeropuerto de Barajas.

Ecologistas en Acción manifiesta su rechazo a la pretensión de construir una planta de 800 MW de potencia en Belvis (pedanía de Paracuellos de Jarama) por parte de Gas Natural. La planta que parecía un proyecto abandonado, ya que tras firmar el contrato de acceso a la red de gas había permanecido parada durante más de tres años, ha vuelto a reaparecer al presentar su promotor la memoria resumen, requisito previo a la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental.

La organización ecologista rechaza la instalación de la planta tanto por sus impactos ambientales y sobre la salud como por la negativa incidencia en la economía de la zona. Entre los impactos destacan la emisión directa de más de 2,2 millones de toneladas al año de CO2, principal gas responsable del cambio climático y de cantidades significativas de metano que también contribuye a dicho proceso. Además se prevé unas emisiones de unos 222 kilogramos por hora de óxidos de nitrógeno (NOx) cuando funcione con gas y 435 kg por hora cuando la haga con gasoil. En este último caso se emitirán también unos 533 kg a la hora de dióxido de azufre (SO2). Ambos gases son importantes contaminantes de aire y forman las lluvias ácidas. La nueva central será uno de los principales focos emisores puntuales de NOx de la Comunidad de Madrid. Los óxidos de nitrógeno bajo la acción de la luz solar, sobre todo en verano, provocan la formación de ozono, contaminante bien conocido por las poblaciones de la periferia de la ciudad de Madrid porque periódicamente supera las concentraciones límite autorizadas. Los casi 6 millones de habitantes de la Comunidad de Madrid ya respiran un aire de muy mala calidad que afecta negativamente a su salud. Añadir el aporte contaminante de todas las centrales previstas tendría unos costes de salud inaceptables.

La central necesita unos 500 litros de agua por segundo para refrigeración (equivalente al consumo doméstico de unos 250.000 madrileños), y este agua se tomará de la depuradora de Arroyo de la Vega. Aproximadamente 1/3 del agua tomada se evapora. Además la central disminuye la calidad de las aguas porque utiliza productos fitotóxicos para limpiar las conducciones de agua.

Resaltan además que el proyecto es especialmente irracional ya que existe un gran exceso de potencia de generación eléctrica en todo el sistema peninsular frente a la demanda máxima de potencia histórica (38.040 MW a las 19:47 horas del 3 de marzo de este año) la capacidad de generación es de 61.233 MW a 1 de enero. Ninguna de las centrales de Madrid ha iniciado aún su proceso de construcción y no cuentan tampoco con derechos de emisión en el Plan Nacional recientemente aprobado. En el caso de la central de Paracuellos existe un problema adicional, que ya fue señalado por las autoridades ambientales de la Comunidad de Madrid y del Ministerio de Medio Ambiente: su proximidad al aeropuerto de Barajas. El vapor de agua y los gases contaminantes emitidos pueden tener una influencia notable en la seguridad del mismo al dificultar la visibilidad y modificar las condiciones de la climatología de la zona.

Por otra parte, el día 27 de noviembre, Ecologistas en Acción, junto con las organizaciones que componen la plataforma “Sureste Aire Limpio”, ha convocado una concentración ante la sede del Gobierno Regional para manifestar su rechazo a los proyectos de construcción de centrales térmicas. Cinco centrales se prevén en el sureste de Madrid (Morata, Villamanrique, Fuentidueña, Estremera y valdemingómez), la sexta en Pinto y la séptima es el proyecto de Paracuellos.

El pasado domingo 8 de Noviembre de 2004 se celebró en la Residencia de Estudiantes Antonio Machado de Colmenarejo una reunión ecologista con la intervenciones de Carlos González-Amezúa, Pilar Hidalgo, Mª Ángeles Nieto (coordinadora de la federación madrileña de Ecologistas en Acción), Nicolás López (presidente de Proyecto Verde) y Antonio Sánchez (vicepresidente de Proyecto Verde).

Carlos presentó el acto, e hizo hincapié en algunos asuntos preocupantes del mundo de la ecología: la recalificación de una parte del Parque Regional en el Avance del P.G.O.U. (Plan General de Ordenación Urbana) de Las Rozas y el marketing ecologista que promueven empresas y administraciones públicas como un modo de acallar y frenar los movimientos ciudadanos.

Pilar habló de la importancia para los ciudadanos de «a pie» de estar afiliado a Ecologistas en Acción y de su experiencia personal en esta organización. Explicó cómo gracias al apoyo de Ecologistas en Acción se ha conseguido resolver recientemente el asunto de los vertidos de un colector en la finca Prado de la Laguna de El Escorial.

«Nines» presentó a Ecologistas en Acción y habló de la revista «ecologista» que ellos editan y que celebra su 25 aniversario. En especial explicó cual es la estructura y funcionamiento de la organización.

«Nico» presentó el primer número de nuestro boletín de información «Colmenarejo Verde».

Antonio habló del nacimiento y evolución en España de la preocupación ecologista en la población, después de haber alcanzado unos niveles aceptables de bienestar habiendo transcurrido ya varias legislaturas de nuestra democracia. Todo esto a través de su experiencia personal como alcalde y miembro de la ejecutiva del Área de Coordinación Metropolitana de Valencia y su Comarca, y después como militante en grupos ecologistas.

En el debate que siguió se trató especialmente del desorbitado crecimiento urbanístico de la zona y en particular de los nuevos P.G.O.U. de Galapagar y Las Rozas.

Las presiones ejercidas por miembros de Ecologistas en Acción a través de distintos medios de comunicación (TV, prensa radio) , así como los contactos mantenidos con directivos del Canal de Isabel II, parecen haber dado fruto: desde el 13 de octubre pasado se vienen realizando obras de subsanamiento de la avería que provocó graves vertidos de aguas residuales en la finca Prado de la Laguna de El Escorial, catalogada como Monte Preservado No Urbanizable Especialmente Protegido Grado 2.

El Canal  tiene previsto sustituir un amplio tramo de tubería y deberá, además, restituir la zona afectada a su estado anterior.

Con la adhesión de Rusia el pasado 22 de octubre, el tratado de Kioto quedaría en condiciones de entrar en vigor.
El requisito de que los países firmantes superasen el 55 por ciento de las emisiones contaminantes se cumple gracias a la firma de Rusia, cuyas emisiones representan el 17,4%.
El objetivo del protocolo es reducir las emisiones de gases de «efecto invernadero» en un 5,2% por debajo de los niveles de 1990, durante el periodo de 2008 a 2012.
Sin embargo, el protocolo de Kioto cuenta aun con el rechazo de los Estados Unidos, cuyas emisiones representan el 36% y es por lo tanto el principal responsable de emisiones de «efecto invernadero».
El protocolo de Kioto fue firmado en 1997 por 180 países, y se apoyó en los resultados del estudio realizado por el Comité Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), formado por expertos de la ONU, y cuyas conclusiones podemos consultar en su página web: www.ipcc.ch.

Para Ecologistas en Acción el Avance del Plan General de Ordenación Urbana (en adelante Avance) es un nuevo embate contra el medio ambiente de la Región y especialmente contra el Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama (en adelante Parque Regional). Este espacio protegido declarado por Ley en 1999 tiene como objetivo preservar, el río Guadarrama y los encinares de su entorno, del deterioro y la destrucción producidos, entre otros, por la presión urbanística. Sin embargo, son muchas las agresiones que sufre por el desmedido afán urbanizador de la mayoría de los municipios que lo bordean.

El documento de Avance de Las Rozas pretende anexionar al desarrollo urbano 417 hectáreas de encinar de alto valor que se encuentran dentro de los límites del Parque Regional. De esta forma, el Ayuntamiento pretende ahorrarse, el porcentaje de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable que debe reservar a zonas verdes y a redes públicas. Esto le permitiría construir en zonas que deberían reservarse a zonas verdes y a centros educativos, culturales, sanitarios, etc). Sin embargo, esta propuesta transgrede, al menos, tres normativas (la Ley del Suelo, la Ley de declaración del Parque Regional y el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional). Estos terrenos deben declararse suelo no urbanizable de protección y por tanto es incompatible con la posibilidad de anexionarse al suelo urbano.

Pero además, en el municipio, existen varios encinares declarados montes preservados por la Ley Forestal de la Comunidad de Madrid y que el Avance debería declarar suelo no urbanizable de protección. Sin embargo, el documento que se ha presentado a información pública ni siquiera menciona la existencia de esta figura de protección. Son los encinares situados entre el Club de Golf, El Cantizal y Monte Rozas y entre Monte Rozas y Parque Rozas. El objetivo es el mismo que en el caso anterior, ahorrarse las reservas de suelo de zonas verdes y equipamientos, con el agravante de que en este caso parte de los encinares, están afectados, por un futuro campo de golf y por la ampliación del Parque Empresarial.

En ambos casos se trata de la misma estrategia que ha seguido el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada -también en el ámbito del Parque Regional-.

Ecologistas en Acción confía que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ponga freno a este tipo de irregularidades, ya que, para resolver situaciones como estas es para lo que Esperanza Aguirre unificó las Consejerías de Medio Ambiente y Urbanismo.

En cuanto al modelo de ocupación territorial que propone el Avance, Ecologistas en Acción, considera que se trata de una irresponsabilidad. No se puede saturar todo el terreno que queda en el municipio sin reservar suelo para equipamientos públicos de los que el municipio es actualmente deficitario y lo será más en el futuro. Por ello, Ecologistas en Acción considera imprescindible que antes de proponer la construcción de más de 7.000 nuevas viviendas, el Ayuntamiento, debería tener en cuenta que en el municipio existen 1.800 viviendas vacías y 5.900 que sin ser vivienda principal están sin determinar. Por tanto, el futuro Plan General de Ordenación Urbana debería promover la venta y alquiler de la totalidad de las viviendas vacías, antes de plantear la saturación del territorio con nuevas construcciones.

Ecologistas en Acción insta al Canal a subsanar cuanto antes la avería de un colector que está provocando vertidos de aguas fecales provenientes del Hospital de El Escorial en un enclave catalogado como Monte Preservado No Urbanizable Especialmente Protegido Grado 2.

El pasado 2 de agosto Ecologistas en Acción presentó ante el Director-Gerente del Canal de Isabel II un escrito denunciando la incidencia negativa para el entorno y la salud de personas y animales que está teniendo la tardanza por parte de ese Organismo en subsanar la rotura del colector que transporta las aguas residuales desde el Hospital de El Escorial y Urbanizaciones La Pizarra y Felipe II, en San Lorenzo, hasta la depuradora de la carretera M-505. El Consejero de Sanidad y Consumo, fue apercibido, también por escrito, de estos hechos.

Ecologistas en Acción fue informado por los propietarios de la finca Prado de la Laguna en El Escorial -cuya actividad es la cría de reses bravas-, de que en septiembre de 2003, probablemente a raíz de entregar el Canal la obra del colector, empezaron a notar que por varios pozos manaba agua residual, en mayor o menor medida. Se puso el hecho en conocimiento del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) y un abogado de la propiedad procedió a notificar al Canal de Isabel II. Al mes de que técnicos de este organismo repararan la avería, los vertidos reaparecieron y continuaron produciéndose de forma intermitente.

Desde el pasado mes de junio, las aguas fecales con presencia de residuos sólidos (compresas, plásticos, etc) salen a borbotones y prácticamente sin interrupción, sobre todo por el pozo nº 50. El hedor en la zona es insoportable y los vertidos han invadido ya una extensión aproximada de 25.000 m2 de este enclave catalogado como Monte Preservado No Urbanizable Especialmente Protegido Grado 2. La zona afectada alberga alrededor de 60 fresnos (especie amparada por la Directiva 92/43/CEE del Consejo y el Real Decreto 1997/95), algunos de más de 300 años y, a poca distancia, se encuentra el humedal de La Laguna. Las aguas fecales discurren libremente por el cauce del arroyo Ladrón, que atraviesa la finca, y existe el peligro de que las lluvias otoñales favorezcan su tránsito hasta el embalse de Los Arroyos, contiguo a la Presa de Valmayor, donde desemboca.

Según técnicos del Canal, el problema está localizado en el pozo situado en una finca aledaña -hasta la que han llegado también los vertidos- y al que inexplicablemente no tienen libre acceso.

Prohibido el uso residencial
Aunque el propietario aduce en la solicitud su intención de criar burros, Proyecto Verde sospechó de las intenciones urbanísticas que podrían esconderse tras la petición, e informó de este hecho al Parque Regional. Sin embargo, como la cría de estos animales es compatible con los usos admitidos en la zona de Parque, la Junta Rectora aprobó la rehabilitación de las instalaciones, con la prohibición expresa de que se destinasen a uso residencial.

La responsabilidad que este grupo imputa al Ayuntamiento no sólo se refiere a la concesión de una licencia de obra menor a las tres personas que se presentan como propietarios de cada una de las construcciones de la finca. Según Proyecto Verde, el Consistorio ha consentido que con esta licencia se haya llevado a cabo una actuación que, aseguran, no se corresponde con la verdadera solicitud tramitada en el Parque Regional y que este grupo considera de obra mayor. A esto añaden que la finca ha sido dividida en tres parcelas con vallados también irregulares, que han permitido habilitar tres diferentes construcciones con sus respectivas parcelas. En este sentido, los denunciantes han aportado documentación para demostrar que, en realidad, se han realizado otro tipo de rehabilitaciones, con nuevos forjados, cubiertas y divisiones internas más acordes con viviendas que con cuadras para la cría caballar. Esta documentación se ha visto reforzada con las denuncias tramitadas por la Guardería Forestal del Parque en varias de las citadas irregularidades
Dos meses después de que el Consistorio concediera la licencia a los interesados, Proyecto Verde interpuso una denuncia administrativa en la Comunidad de Madrid contra el propietario inicial de la finca y la Corporación municipal.

Ante la actuación del grupo conservacionista local, el Ayuntamiento emitió un comunicado en el que se defendía esta actuación y se amenazaba a Proyecto Verde con una posible denuncia por supuesto delito de calumnias.

Al cabo de más de dos años, y tras un cambio de Gobierno regional de por medio, “la jefe del Servicio de Disciplina Ambiental considera que los hechos van más allá de la simple infracción administrativa y remite las actuaciones realizadas a la juirisdicción penal, por considerar que pueden ser constitutivas de un delito contra la ordenación del territorio, tipificado en el artículo 319 del Código Penal”, explica Proyecto Verde.

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha recomendado la retirada de las traviesas de ferrocarril recicladas que decoran patios, parques y zonas infantiles por contener una sustancia cancerígena denominada creosota. Aunque ya se conocían los efectos cancerígenos de esta sustancia debido a su contenido en benzopirenos, recientes estudios han advertido de su peligrosidad durante exposiciones prolongadas.

Según se desprende de un documento interno de la Dirección General de Salud Pública, «los últimos conocimientos científicos y técnicos han demostrado que el poder cancerígeno de esa sustancia es muy superior al que se le venía atribuyendo«, y «existe la posibilidad de que se presente riesgo de cáncer en las personas expuestas a determinadas concentraciones«.

Desde el 31 de diciembre de 2003 el uso de la creosota está muy restringido, únicamente se permite para ciertos usos industriales. Sin embargo existen miles de traviesas tratadas con creosota que siguen comercializándose en el mercado de la jardinería y la construcción sin ninguna restricción. En cualquier caso, José Frutos, jefe de Servicio de Sanidad Ambiental del Instituto de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, ha advertido de que «es una sustancia muy tóxica pero tampoco hay que alarmar a la población. Puede producir efectos perjudiciales para la salud con exposiciones prolongadas o contacto directo con el organismo. Por ello, es recomendable que no estén donde los niños pasen muchas horas y puedan entrar en contacto directo con la madera, como zonas de juegos y parques». Hecha la advertencia la Consejería de Educación ha decidido retirar las traviesas de las patios escolares. Sin embargo la ley impide poner nuevas traviesas en zonas infantiles pero no obliga a retirar las existentes de los mismos.

La creosota se utiliza para tratar la madera frente a la humedad, el frío y los insectos. Debido al aspecto envejecido que presenta se ha demandado mucho en jardinería como elemento decorativo y funcional para fijar taludes, marcar bancales y delimitar espacios destinados al juego infantil o zonas de cultivo de flores y hortalizas. Son numerosos los parques y jardines públicos de la Comunidad de Madrid donde hay colocadas estas traviesas de ferrocarril, pero salvo un caso de un niño del Colegio público Virgen de Navalzarza, en San Agustín de Guadalix, que sufrió molestias leves tras jugar sobre una traviesa, no se ha diagnosticado ningún caso de intoxicación aguda por contacto con estos elementos.

Artículo aparecido en la edición del 26 de Octubre de 2004 en el diario «El Universo» 

Tras la denuncia de un grupo ecologista

La Comunidad lleva ante el juez la explotación de una finca en Colmenarejo

Proyecto Verde alertó de actuaciones urbanísticas ocultas en un terreno destinado a la cría de burros

Transcurridos más de dos años y medio desde que Proyecto Verde-Ecologistas en Acción denunciara, ante la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento de Colmenarejo y al propietario de la finca Prao Burriños, el caso ha pasado a los tribunales.

Esto viene a suponer que el presunto delito denunciado por la organización ecologista supera una mera infracción administrativa y podría alcanzar el grado de delito ambiental, como vienen asegurando los denunciantes desde que conocieron los hechos. El propietario de la finca denunciada presentó en 2002, ante la Junta Rectora del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama, una solicitud para rehabilitar unas edificaciones en estado ruinoso que habían quedado enmarcadas dentro del Parque, en las proximidades del Camino del Rey, próximo a la ermita.

Prohibido el uso residencial
Aunque el propietario aduce en la solicitud su intención de criar burros, Proyecto Verde sospechó de las intenciones urbanísticas que podrían esconderse tras la petición, e informó de este hecho al Parque Regional. Sin embargo, como la cría de estos animales es compatible con los usos admitidos en la zona de Parque, la Junta Rectora aprobó la rehabilitación de las instalaciones, con la prohibición expresa de que se destinasen a uso residencial.

La responsabilidad que este grupo imputa al Ayuntamiento no sólo se refiere a la concesión de una licencia de obra menor a las tres personas que se presentan como propietarios de cada una de las construcciones de la finca. Según Proyecto Verde, el Consistorio ha consentido que con esta licencia se haya llevado a cabo una actuación que, aseguran, no se corresponde con la verdadera solicitud tramitada en el Parque Regional y que este grupo considera de obra mayor. A esto añaden que la finca ha sido dividida en tres parcelas con vallados también irregulares, que han permitido habilitar tres diferentes construcciones con sus respectivas parcelas. En este sentido, los denunciantes han aportado documentación para demostrar que, en realidad, se han realizado otro tipo de rehabilitaciones, con nuevos forjados, cubiertas y divisiones internas más acordes con viviendas que con cuadras para la cría caballar. Esta documentación se ha visto reforzada con las denuncias tramitadas por la Guardería Forestal del Parque en varias de las citadas irregularidades

Dos meses después de que el Consistorio concediera la licencia a los interesados, Proyecto Verde interpuso una denuncia administrativa en la Comunidad de Madrid contra el propietario inicial de la finca y la Corporación municipal.

Ante la actuación del grupo conservacionista local, el Ayuntamiento emitió un comunicado en el que se defendía esta actuación y se amenazaba a Proyecto Verde con una posible denuncia por supuesto delito de calumnias.

Al cabo de más de dos años, y tras un cambio de Gobierno regional de por medio, “la jefe del Servicio de Disciplina Ambiental considera que los hechos van más allá de la simple infracción administrativa y remite las actuaciones realizadas a la juirisdicción penal, por considerar que pueden ser constitutivas de un delito contra la ordenación del territorio, tipificado en el artículo 319 del Código Penal”, explica Proyecto Verde.