Con la adhesión de Rusia el pasado 22 de octubre, el tratado de Kioto quedaría en condiciones de entrar en vigor.
El requisito de que los países firmantes superasen el 55 por ciento de las emisiones contaminantes se cumple gracias a la firma de Rusia, cuyas emisiones representan el 17,4%.
El objetivo del protocolo es reducir las emisiones de gases de «efecto invernadero» en un 5,2% por debajo de los niveles de 1990, durante el periodo de 2008 a 2012.
Sin embargo, el protocolo de Kioto cuenta aun con el rechazo de los Estados Unidos, cuyas emisiones representan el 36% y es por lo tanto el principal responsable de emisiones de «efecto invernadero».
El protocolo de Kioto fue firmado en 1997 por 180 países, y se apoyó en los resultados del estudio realizado por el Comité Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), formado por expertos de la ONU, y cuyas conclusiones podemos consultar en su página web: www.ipcc.ch.

Para Ecologistas en Acción el Avance del Plan General de Ordenación Urbana (en adelante Avance) es un nuevo embate contra el medio ambiente de la Región y especialmente contra el Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama (en adelante Parque Regional). Este espacio protegido declarado por Ley en 1999 tiene como objetivo preservar, el río Guadarrama y los encinares de su entorno, del deterioro y la destrucción producidos, entre otros, por la presión urbanística. Sin embargo, son muchas las agresiones que sufre por el desmedido afán urbanizador de la mayoría de los municipios que lo bordean.

El documento de Avance de Las Rozas pretende anexionar al desarrollo urbano 417 hectáreas de encinar de alto valor que se encuentran dentro de los límites del Parque Regional. De esta forma, el Ayuntamiento pretende ahorrarse, el porcentaje de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable que debe reservar a zonas verdes y a redes públicas. Esto le permitiría construir en zonas que deberían reservarse a zonas verdes y a centros educativos, culturales, sanitarios, etc). Sin embargo, esta propuesta transgrede, al menos, tres normativas (la Ley del Suelo, la Ley de declaración del Parque Regional y el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional). Estos terrenos deben declararse suelo no urbanizable de protección y por tanto es incompatible con la posibilidad de anexionarse al suelo urbano.

Pero además, en el municipio, existen varios encinares declarados montes preservados por la Ley Forestal de la Comunidad de Madrid y que el Avance debería declarar suelo no urbanizable de protección. Sin embargo, el documento que se ha presentado a información pública ni siquiera menciona la existencia de esta figura de protección. Son los encinares situados entre el Club de Golf, El Cantizal y Monte Rozas y entre Monte Rozas y Parque Rozas. El objetivo es el mismo que en el caso anterior, ahorrarse las reservas de suelo de zonas verdes y equipamientos, con el agravante de que en este caso parte de los encinares, están afectados, por un futuro campo de golf y por la ampliación del Parque Empresarial.

En ambos casos se trata de la misma estrategia que ha seguido el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada -también en el ámbito del Parque Regional-.

Ecologistas en Acción confía que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ponga freno a este tipo de irregularidades, ya que, para resolver situaciones como estas es para lo que Esperanza Aguirre unificó las Consejerías de Medio Ambiente y Urbanismo.

En cuanto al modelo de ocupación territorial que propone el Avance, Ecologistas en Acción, considera que se trata de una irresponsabilidad. No se puede saturar todo el terreno que queda en el municipio sin reservar suelo para equipamientos públicos de los que el municipio es actualmente deficitario y lo será más en el futuro. Por ello, Ecologistas en Acción considera imprescindible que antes de proponer la construcción de más de 7.000 nuevas viviendas, el Ayuntamiento, debería tener en cuenta que en el municipio existen 1.800 viviendas vacías y 5.900 que sin ser vivienda principal están sin determinar. Por tanto, el futuro Plan General de Ordenación Urbana debería promover la venta y alquiler de la totalidad de las viviendas vacías, antes de plantear la saturación del territorio con nuevas construcciones.

Ecologistas en Acción insta al Canal a subsanar cuanto antes la avería de un colector que está provocando vertidos de aguas fecales provenientes del Hospital de El Escorial en un enclave catalogado como Monte Preservado No Urbanizable Especialmente Protegido Grado 2.

El pasado 2 de agosto Ecologistas en Acción presentó ante el Director-Gerente del Canal de Isabel II un escrito denunciando la incidencia negativa para el entorno y la salud de personas y animales que está teniendo la tardanza por parte de ese Organismo en subsanar la rotura del colector que transporta las aguas residuales desde el Hospital de El Escorial y Urbanizaciones La Pizarra y Felipe II, en San Lorenzo, hasta la depuradora de la carretera M-505. El Consejero de Sanidad y Consumo, fue apercibido, también por escrito, de estos hechos.

Ecologistas en Acción fue informado por los propietarios de la finca Prado de la Laguna en El Escorial -cuya actividad es la cría de reses bravas-, de que en septiembre de 2003, probablemente a raíz de entregar el Canal la obra del colector, empezaron a notar que por varios pozos manaba agua residual, en mayor o menor medida. Se puso el hecho en conocimiento del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) y un abogado de la propiedad procedió a notificar al Canal de Isabel II. Al mes de que técnicos de este organismo repararan la avería, los vertidos reaparecieron y continuaron produciéndose de forma intermitente.

Desde el pasado mes de junio, las aguas fecales con presencia de residuos sólidos (compresas, plásticos, etc) salen a borbotones y prácticamente sin interrupción, sobre todo por el pozo nº 50. El hedor en la zona es insoportable y los vertidos han invadido ya una extensión aproximada de 25.000 m2 de este enclave catalogado como Monte Preservado No Urbanizable Especialmente Protegido Grado 2. La zona afectada alberga alrededor de 60 fresnos (especie amparada por la Directiva 92/43/CEE del Consejo y el Real Decreto 1997/95), algunos de más de 300 años y, a poca distancia, se encuentra el humedal de La Laguna. Las aguas fecales discurren libremente por el cauce del arroyo Ladrón, que atraviesa la finca, y existe el peligro de que las lluvias otoñales favorezcan su tránsito hasta el embalse de Los Arroyos, contiguo a la Presa de Valmayor, donde desemboca.

Según técnicos del Canal, el problema está localizado en el pozo situado en una finca aledaña -hasta la que han llegado también los vertidos- y al que inexplicablemente no tienen libre acceso.

Prohibido el uso residencial
Aunque el propietario aduce en la solicitud su intención de criar burros, Proyecto Verde sospechó de las intenciones urbanísticas que podrían esconderse tras la petición, e informó de este hecho al Parque Regional. Sin embargo, como la cría de estos animales es compatible con los usos admitidos en la zona de Parque, la Junta Rectora aprobó la rehabilitación de las instalaciones, con la prohibición expresa de que se destinasen a uso residencial.

La responsabilidad que este grupo imputa al Ayuntamiento no sólo se refiere a la concesión de una licencia de obra menor a las tres personas que se presentan como propietarios de cada una de las construcciones de la finca. Según Proyecto Verde, el Consistorio ha consentido que con esta licencia se haya llevado a cabo una actuación que, aseguran, no se corresponde con la verdadera solicitud tramitada en el Parque Regional y que este grupo considera de obra mayor. A esto añaden que la finca ha sido dividida en tres parcelas con vallados también irregulares, que han permitido habilitar tres diferentes construcciones con sus respectivas parcelas. En este sentido, los denunciantes han aportado documentación para demostrar que, en realidad, se han realizado otro tipo de rehabilitaciones, con nuevos forjados, cubiertas y divisiones internas más acordes con viviendas que con cuadras para la cría caballar. Esta documentación se ha visto reforzada con las denuncias tramitadas por la Guardería Forestal del Parque en varias de las citadas irregularidades
Dos meses después de que el Consistorio concediera la licencia a los interesados, Proyecto Verde interpuso una denuncia administrativa en la Comunidad de Madrid contra el propietario inicial de la finca y la Corporación municipal.

Ante la actuación del grupo conservacionista local, el Ayuntamiento emitió un comunicado en el que se defendía esta actuación y se amenazaba a Proyecto Verde con una posible denuncia por supuesto delito de calumnias.

Al cabo de más de dos años, y tras un cambio de Gobierno regional de por medio, “la jefe del Servicio de Disciplina Ambiental considera que los hechos van más allá de la simple infracción administrativa y remite las actuaciones realizadas a la juirisdicción penal, por considerar que pueden ser constitutivas de un delito contra la ordenación del territorio, tipificado en el artículo 319 del Código Penal”, explica Proyecto Verde.

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha recomendado la retirada de las traviesas de ferrocarril recicladas que decoran patios, parques y zonas infantiles por contener una sustancia cancerígena denominada creosota. Aunque ya se conocían los efectos cancerígenos de esta sustancia debido a su contenido en benzopirenos, recientes estudios han advertido de su peligrosidad durante exposiciones prolongadas.

Según se desprende de un documento interno de la Dirección General de Salud Pública, «los últimos conocimientos científicos y técnicos han demostrado que el poder cancerígeno de esa sustancia es muy superior al que se le venía atribuyendo«, y «existe la posibilidad de que se presente riesgo de cáncer en las personas expuestas a determinadas concentraciones«.

Desde el 31 de diciembre de 2003 el uso de la creosota está muy restringido, únicamente se permite para ciertos usos industriales. Sin embargo existen miles de traviesas tratadas con creosota que siguen comercializándose en el mercado de la jardinería y la construcción sin ninguna restricción. En cualquier caso, José Frutos, jefe de Servicio de Sanidad Ambiental del Instituto de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, ha advertido de que «es una sustancia muy tóxica pero tampoco hay que alarmar a la población. Puede producir efectos perjudiciales para la salud con exposiciones prolongadas o contacto directo con el organismo. Por ello, es recomendable que no estén donde los niños pasen muchas horas y puedan entrar en contacto directo con la madera, como zonas de juegos y parques». Hecha la advertencia la Consejería de Educación ha decidido retirar las traviesas de las patios escolares. Sin embargo la ley impide poner nuevas traviesas en zonas infantiles pero no obliga a retirar las existentes de los mismos.

La creosota se utiliza para tratar la madera frente a la humedad, el frío y los insectos. Debido al aspecto envejecido que presenta se ha demandado mucho en jardinería como elemento decorativo y funcional para fijar taludes, marcar bancales y delimitar espacios destinados al juego infantil o zonas de cultivo de flores y hortalizas. Son numerosos los parques y jardines públicos de la Comunidad de Madrid donde hay colocadas estas traviesas de ferrocarril, pero salvo un caso de un niño del Colegio público Virgen de Navalzarza, en San Agustín de Guadalix, que sufrió molestias leves tras jugar sobre una traviesa, no se ha diagnosticado ningún caso de intoxicación aguda por contacto con estos elementos.

Artículo aparecido en la edición del 26 de Octubre de 2004 en el diario «El Universo» 

Tras la denuncia de un grupo ecologista

La Comunidad lleva ante el juez la explotación de una finca en Colmenarejo

Proyecto Verde alertó de actuaciones urbanísticas ocultas en un terreno destinado a la cría de burros

Transcurridos más de dos años y medio desde que Proyecto Verde-Ecologistas en Acción denunciara, ante la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento de Colmenarejo y al propietario de la finca Prao Burriños, el caso ha pasado a los tribunales.

Esto viene a suponer que el presunto delito denunciado por la organización ecologista supera una mera infracción administrativa y podría alcanzar el grado de delito ambiental, como vienen asegurando los denunciantes desde que conocieron los hechos. El propietario de la finca denunciada presentó en 2002, ante la Junta Rectora del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama, una solicitud para rehabilitar unas edificaciones en estado ruinoso que habían quedado enmarcadas dentro del Parque, en las proximidades del Camino del Rey, próximo a la ermita.

Prohibido el uso residencial
Aunque el propietario aduce en la solicitud su intención de criar burros, Proyecto Verde sospechó de las intenciones urbanísticas que podrían esconderse tras la petición, e informó de este hecho al Parque Regional. Sin embargo, como la cría de estos animales es compatible con los usos admitidos en la zona de Parque, la Junta Rectora aprobó la rehabilitación de las instalaciones, con la prohibición expresa de que se destinasen a uso residencial.

La responsabilidad que este grupo imputa al Ayuntamiento no sólo se refiere a la concesión de una licencia de obra menor a las tres personas que se presentan como propietarios de cada una de las construcciones de la finca. Según Proyecto Verde, el Consistorio ha consentido que con esta licencia se haya llevado a cabo una actuación que, aseguran, no se corresponde con la verdadera solicitud tramitada en el Parque Regional y que este grupo considera de obra mayor. A esto añaden que la finca ha sido dividida en tres parcelas con vallados también irregulares, que han permitido habilitar tres diferentes construcciones con sus respectivas parcelas. En este sentido, los denunciantes han aportado documentación para demostrar que, en realidad, se han realizado otro tipo de rehabilitaciones, con nuevos forjados, cubiertas y divisiones internas más acordes con viviendas que con cuadras para la cría caballar. Esta documentación se ha visto reforzada con las denuncias tramitadas por la Guardería Forestal del Parque en varias de las citadas irregularidades

Dos meses después de que el Consistorio concediera la licencia a los interesados, Proyecto Verde interpuso una denuncia administrativa en la Comunidad de Madrid contra el propietario inicial de la finca y la Corporación municipal.

Ante la actuación del grupo conservacionista local, el Ayuntamiento emitió un comunicado en el que se defendía esta actuación y se amenazaba a Proyecto Verde con una posible denuncia por supuesto delito de calumnias.

Al cabo de más de dos años, y tras un cambio de Gobierno regional de por medio, “la jefe del Servicio de Disciplina Ambiental considera que los hechos van más allá de la simple infracción administrativa y remite las actuaciones realizadas a la juirisdicción penal, por considerar que pueden ser constitutivas de un delito contra la ordenación del territorio, tipificado en el artículo 319 del Código Penal”, explica Proyecto Verde.

Artículo aparecido en la edición del 26 de Octubre de 2004 en el diario «El Universo» 

Tras la denuncia de un grupo ecologista

La Comunidad lleva ante el juez la explotación de una finca en Colmenarejo

Proyecto Verde alertó de actuaciones urbanísticas ocultas en un terreno destinado a la cría de burros

Transcurridos más de dos años y medio desde que Proyecto Verde-Ecologistas en Acción denunciara, ante la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento de Colmenarejo y al propietario de la finca Prao Burriños, el caso ha pasado a los tribunales.

Esto viene a suponer que el presunto delito denunciado por la organización ecologista supera una mera infracción administrativa y podría alcanzar el grado de delito ambiental, como vienen asegurando los denunciantes desde que conocieron los hechos. El propietario de la finca denunciada presentó en 2002, ante la Junta Rectora del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama, una solicitud para rehabilitar unas edificaciones en estado ruinoso que habían quedado enmarcadas dentro del Parque, en las proximidades del Camino del Rey, próximo a la ermita.

Prohibido el uso residencial
Aunque el propietario aduce en la solicitud su intención de criar burros, Proyecto Verde sospechó de las intenciones urbanísticas que podrían esconderse tras la petición, e informó de este hecho al Parque Regional. Sin embargo, como la cría de estos animales es compatible con los usos admitidos en la zona de Parque, la Junta Rectora aprobó la rehabilitación de las instalaciones, con la prohibición expresa de que se destinasen a uso residencial.

La responsabilidad que este grupo imputa al Ayuntamiento no sólo se refiere a la concesión de una licencia de obra menor a las tres personas que se presentan como propietarios de cada una de las construcciones de la finca. Según Proyecto Verde, el Consistorio ha consentido que con esta licencia se haya llevado a cabo una actuación que, aseguran, no se corresponde con la verdadera solicitud tramitada en el Parque Regional y que este grupo considera de obra mayor. A esto añaden que la finca ha sido dividida en tres parcelas con vallados también irregulares, que han permitido habilitar tres diferentes construcciones con sus respectivas parcelas. En este sentido, los denunciantes han aportado documentación para demostrar que, en realidad, se han realizado otro tipo de rehabilitaciones, con nuevos forjados, cubiertas y divisiones internas más acordes con viviendas que con cuadras para la cría caballar. Esta documentación se ha visto reforzada con las denuncias tramitadas por la Guardería Forestal del Parque en varias de las citadas irregularidades

Dos meses después de que el Consistorio concediera la licencia a los interesados, Proyecto Verde interpuso una denuncia administrativa en la Comunidad de Madrid contra el propietario inicial de la finca y la Corporación municipal.

Ante la actuación del grupo conservacionista local, el Ayuntamiento emitió un comunicado en el que se defendía esta actuación y se amenazaba a Proyecto Verde con una posible denuncia por supuesto delito de calumnias.

Al cabo de más de dos años, y tras un cambio de Gobierno regional de por medio, “la jefe del Servicio de Disciplina Ambiental considera que los hechos van más allá de la simple infracción administrativa y remite las actuaciones realizadas a la juirisdicción penal, por considerar que pueden ser constitutivas de un delito contra la ordenación del territorio, tipificado en el artículo 319 del Código Penal”, explica Proyecto Verde.