Ecologistas en Acción insta al Canal a subsanar cuanto antes la avería de un colector que está provocando vertidos de aguas fecales provenientes del Hospital de El Escorial en un enclave catalogado como Monte Preservado No Urbanizable Especialmente Protegido Grado 2.

El pasado 2 de agosto Ecologistas en Acción presentó ante el Director-Gerente del Canal de Isabel II un escrito denunciando la incidencia negativa para el entorno y la salud de personas y animales que está teniendo la tardanza por parte de ese Organismo en subsanar la rotura del colector que transporta las aguas residuales desde el Hospital de El Escorial y Urbanizaciones La Pizarra y Felipe II, en San Lorenzo, hasta la depuradora de la carretera M-505. El Consejero de Sanidad y Consumo, fue apercibido, también por escrito, de estos hechos.

Ecologistas en Acción fue informado por los propietarios de la finca Prado de la Laguna en El Escorial -cuya actividad es la cría de reses bravas-, de que en septiembre de 2003, probablemente a raíz de entregar el Canal la obra del colector, empezaron a notar que por varios pozos manaba agua residual, en mayor o menor medida. Se puso el hecho en conocimiento del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) y un abogado de la propiedad procedió a notificar al Canal de Isabel II. Al mes de que técnicos de este organismo repararan la avería, los vertidos reaparecieron y continuaron produciéndose de forma intermitente.

Desde el pasado mes de junio, las aguas fecales con presencia de residuos sólidos (compresas, plásticos, etc) salen a borbotones y prácticamente sin interrupción, sobre todo por el pozo nº 50. El hedor en la zona es insoportable y los vertidos han invadido ya una extensión aproximada de 25.000 m2 de este enclave catalogado como Monte Preservado No Urbanizable Especialmente Protegido Grado 2. La zona afectada alberga alrededor de 60 fresnos (especie amparada por la Directiva 92/43/CEE del Consejo y el Real Decreto 1997/95), algunos de más de 300 años y, a poca distancia, se encuentra el humedal de La Laguna. Las aguas fecales discurren libremente por el cauce del arroyo Ladrón, que atraviesa la finca, y existe el peligro de que las lluvias otoñales favorezcan su tránsito hasta el embalse de Los Arroyos, contiguo a la Presa de Valmayor, donde desemboca.

Según técnicos del Canal, el problema está localizado en el pozo situado en una finca aledaña -hasta la que han llegado también los vertidos- y al que inexplicablemente no tienen libre acceso.

Prohibido el uso residencial
Aunque el propietario aduce en la solicitud su intención de criar burros, Proyecto Verde sospechó de las intenciones urbanísticas que podrían esconderse tras la petición, e informó de este hecho al Parque Regional. Sin embargo, como la cría de estos animales es compatible con los usos admitidos en la zona de Parque, la Junta Rectora aprobó la rehabilitación de las instalaciones, con la prohibición expresa de que se destinasen a uso residencial.

La responsabilidad que este grupo imputa al Ayuntamiento no sólo se refiere a la concesión de una licencia de obra menor a las tres personas que se presentan como propietarios de cada una de las construcciones de la finca. Según Proyecto Verde, el Consistorio ha consentido que con esta licencia se haya llevado a cabo una actuación que, aseguran, no se corresponde con la verdadera solicitud tramitada en el Parque Regional y que este grupo considera de obra mayor. A esto añaden que la finca ha sido dividida en tres parcelas con vallados también irregulares, que han permitido habilitar tres diferentes construcciones con sus respectivas parcelas. En este sentido, los denunciantes han aportado documentación para demostrar que, en realidad, se han realizado otro tipo de rehabilitaciones, con nuevos forjados, cubiertas y divisiones internas más acordes con viviendas que con cuadras para la cría caballar. Esta documentación se ha visto reforzada con las denuncias tramitadas por la Guardería Forestal del Parque en varias de las citadas irregularidades
Dos meses después de que el Consistorio concediera la licencia a los interesados, Proyecto Verde interpuso una denuncia administrativa en la Comunidad de Madrid contra el propietario inicial de la finca y la Corporación municipal.

Ante la actuación del grupo conservacionista local, el Ayuntamiento emitió un comunicado en el que se defendía esta actuación y se amenazaba a Proyecto Verde con una posible denuncia por supuesto delito de calumnias.

Al cabo de más de dos años, y tras un cambio de Gobierno regional de por medio, “la jefe del Servicio de Disciplina Ambiental considera que los hechos van más allá de la simple infracción administrativa y remite las actuaciones realizadas a la juirisdicción penal, por considerar que pueden ser constitutivas de un delito contra la ordenación del territorio, tipificado en el artículo 319 del Código Penal”, explica Proyecto Verde.

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha recomendado la retirada de las traviesas de ferrocarril recicladas que decoran patios, parques y zonas infantiles por contener una sustancia cancerígena denominada creosota. Aunque ya se conocían los efectos cancerígenos de esta sustancia debido a su contenido en benzopirenos, recientes estudios han advertido de su peligrosidad durante exposiciones prolongadas.

Según se desprende de un documento interno de la Dirección General de Salud Pública, «los últimos conocimientos científicos y técnicos han demostrado que el poder cancerígeno de esa sustancia es muy superior al que se le venía atribuyendo«, y «existe la posibilidad de que se presente riesgo de cáncer en las personas expuestas a determinadas concentraciones«.

Desde el 31 de diciembre de 2003 el uso de la creosota está muy restringido, únicamente se permite para ciertos usos industriales. Sin embargo existen miles de traviesas tratadas con creosota que siguen comercializándose en el mercado de la jardinería y la construcción sin ninguna restricción. En cualquier caso, José Frutos, jefe de Servicio de Sanidad Ambiental del Instituto de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, ha advertido de que «es una sustancia muy tóxica pero tampoco hay que alarmar a la población. Puede producir efectos perjudiciales para la salud con exposiciones prolongadas o contacto directo con el organismo. Por ello, es recomendable que no estén donde los niños pasen muchas horas y puedan entrar en contacto directo con la madera, como zonas de juegos y parques». Hecha la advertencia la Consejería de Educación ha decidido retirar las traviesas de las patios escolares. Sin embargo la ley impide poner nuevas traviesas en zonas infantiles pero no obliga a retirar las existentes de los mismos.

La creosota se utiliza para tratar la madera frente a la humedad, el frío y los insectos. Debido al aspecto envejecido que presenta se ha demandado mucho en jardinería como elemento decorativo y funcional para fijar taludes, marcar bancales y delimitar espacios destinados al juego infantil o zonas de cultivo de flores y hortalizas. Son numerosos los parques y jardines públicos de la Comunidad de Madrid donde hay colocadas estas traviesas de ferrocarril, pero salvo un caso de un niño del Colegio público Virgen de Navalzarza, en San Agustín de Guadalix, que sufrió molestias leves tras jugar sobre una traviesa, no se ha diagnosticado ningún caso de intoxicación aguda por contacto con estos elementos.

Artículo aparecido en la edición del 26 de Octubre de 2004 en el diario «El Universo» 

Tras la denuncia de un grupo ecologista

La Comunidad lleva ante el juez la explotación de una finca en Colmenarejo

Proyecto Verde alertó de actuaciones urbanísticas ocultas en un terreno destinado a la cría de burros

Transcurridos más de dos años y medio desde que Proyecto Verde-Ecologistas en Acción denunciara, ante la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento de Colmenarejo y al propietario de la finca Prao Burriños, el caso ha pasado a los tribunales.

Esto viene a suponer que el presunto delito denunciado por la organización ecologista supera una mera infracción administrativa y podría alcanzar el grado de delito ambiental, como vienen asegurando los denunciantes desde que conocieron los hechos. El propietario de la finca denunciada presentó en 2002, ante la Junta Rectora del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama, una solicitud para rehabilitar unas edificaciones en estado ruinoso que habían quedado enmarcadas dentro del Parque, en las proximidades del Camino del Rey, próximo a la ermita.

Prohibido el uso residencial
Aunque el propietario aduce en la solicitud su intención de criar burros, Proyecto Verde sospechó de las intenciones urbanísticas que podrían esconderse tras la petición, e informó de este hecho al Parque Regional. Sin embargo, como la cría de estos animales es compatible con los usos admitidos en la zona de Parque, la Junta Rectora aprobó la rehabilitación de las instalaciones, con la prohibición expresa de que se destinasen a uso residencial.

La responsabilidad que este grupo imputa al Ayuntamiento no sólo se refiere a la concesión de una licencia de obra menor a las tres personas que se presentan como propietarios de cada una de las construcciones de la finca. Según Proyecto Verde, el Consistorio ha consentido que con esta licencia se haya llevado a cabo una actuación que, aseguran, no se corresponde con la verdadera solicitud tramitada en el Parque Regional y que este grupo considera de obra mayor. A esto añaden que la finca ha sido dividida en tres parcelas con vallados también irregulares, que han permitido habilitar tres diferentes construcciones con sus respectivas parcelas. En este sentido, los denunciantes han aportado documentación para demostrar que, en realidad, se han realizado otro tipo de rehabilitaciones, con nuevos forjados, cubiertas y divisiones internas más acordes con viviendas que con cuadras para la cría caballar. Esta documentación se ha visto reforzada con las denuncias tramitadas por la Guardería Forestal del Parque en varias de las citadas irregularidades

Dos meses después de que el Consistorio concediera la licencia a los interesados, Proyecto Verde interpuso una denuncia administrativa en la Comunidad de Madrid contra el propietario inicial de la finca y la Corporación municipal.

Ante la actuación del grupo conservacionista local, el Ayuntamiento emitió un comunicado en el que se defendía esta actuación y se amenazaba a Proyecto Verde con una posible denuncia por supuesto delito de calumnias.

Al cabo de más de dos años, y tras un cambio de Gobierno regional de por medio, “la jefe del Servicio de Disciplina Ambiental considera que los hechos van más allá de la simple infracción administrativa y remite las actuaciones realizadas a la juirisdicción penal, por considerar que pueden ser constitutivas de un delito contra la ordenación del territorio, tipificado en el artículo 319 del Código Penal”, explica Proyecto Verde.

Artículo aparecido en la edición del 26 de Octubre de 2004 en el diario «El Universo» 

Tras la denuncia de un grupo ecologista

La Comunidad lleva ante el juez la explotación de una finca en Colmenarejo

Proyecto Verde alertó de actuaciones urbanísticas ocultas en un terreno destinado a la cría de burros

Transcurridos más de dos años y medio desde que Proyecto Verde-Ecologistas en Acción denunciara, ante la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento de Colmenarejo y al propietario de la finca Prao Burriños, el caso ha pasado a los tribunales.

Esto viene a suponer que el presunto delito denunciado por la organización ecologista supera una mera infracción administrativa y podría alcanzar el grado de delito ambiental, como vienen asegurando los denunciantes desde que conocieron los hechos. El propietario de la finca denunciada presentó en 2002, ante la Junta Rectora del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama, una solicitud para rehabilitar unas edificaciones en estado ruinoso que habían quedado enmarcadas dentro del Parque, en las proximidades del Camino del Rey, próximo a la ermita.

Prohibido el uso residencial
Aunque el propietario aduce en la solicitud su intención de criar burros, Proyecto Verde sospechó de las intenciones urbanísticas que podrían esconderse tras la petición, e informó de este hecho al Parque Regional. Sin embargo, como la cría de estos animales es compatible con los usos admitidos en la zona de Parque, la Junta Rectora aprobó la rehabilitación de las instalaciones, con la prohibición expresa de que se destinasen a uso residencial.

La responsabilidad que este grupo imputa al Ayuntamiento no sólo se refiere a la concesión de una licencia de obra menor a las tres personas que se presentan como propietarios de cada una de las construcciones de la finca. Según Proyecto Verde, el Consistorio ha consentido que con esta licencia se haya llevado a cabo una actuación que, aseguran, no se corresponde con la verdadera solicitud tramitada en el Parque Regional y que este grupo considera de obra mayor. A esto añaden que la finca ha sido dividida en tres parcelas con vallados también irregulares, que han permitido habilitar tres diferentes construcciones con sus respectivas parcelas. En este sentido, los denunciantes han aportado documentación para demostrar que, en realidad, se han realizado otro tipo de rehabilitaciones, con nuevos forjados, cubiertas y divisiones internas más acordes con viviendas que con cuadras para la cría caballar. Esta documentación se ha visto reforzada con las denuncias tramitadas por la Guardería Forestal del Parque en varias de las citadas irregularidades

Dos meses después de que el Consistorio concediera la licencia a los interesados, Proyecto Verde interpuso una denuncia administrativa en la Comunidad de Madrid contra el propietario inicial de la finca y la Corporación municipal.

Ante la actuación del grupo conservacionista local, el Ayuntamiento emitió un comunicado en el que se defendía esta actuación y se amenazaba a Proyecto Verde con una posible denuncia por supuesto delito de calumnias.

Al cabo de más de dos años, y tras un cambio de Gobierno regional de por medio, “la jefe del Servicio de Disciplina Ambiental considera que los hechos van más allá de la simple infracción administrativa y remite las actuaciones realizadas a la juirisdicción penal, por considerar que pueden ser constitutivas de un delito contra la ordenación del territorio, tipificado en el artículo 319 del Código Penal”, explica Proyecto Verde.

Colmenarejo ha vivido este verano una polémica situación en torno a la caza de jabalíes. Podemos encontrar las causas en el uso particular de terrenos municipales para la práctica de la caza, en las carencias y falta de rigor de los planes de aprovechamiento cinegético de los cotos y en la polémica concesión de permisos para la caza en espera del jabalí fuera de temporada.

En el mes de julio del presente año la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, resolvió “autorizar la celebración de esperas de jabalíes en los cotos privados de caza M-10.276, M-10.460 y M-10.461”, “por los daños que originan en la agricultura del coto”. La autorización para la realización de esperas nocturnas al jabalí, fue solicitada por la Sociedad de Cazadores de Colmenarejo “debido a la proliferación de esta especie en los citados cotos, la cual resulta ya una amenaza a la población, pues están provocando daños en parques urbanos, así como su presencia en las calles del pueblo y accidentes en la carretera”.

Los organismos competentes de la Comunidad de Madrid concedieron un permiso especial por encontrar que se habían producido daños en terrenos agrícolas de cotos privados. La verdad es que en Colmenarejo no existe ninguna explotación agrícola y los daños en parques urbanos que se citan fueron mínimos. Solo fueron vistos algunos jabalíes acercándose al parque del Caño en Octubre de 2003. La Concejala de Medio Ambiente manifestó que “los daños fueron mínimos y no se recibió ninguna queja vecinal”. Además, dos de los tres cotos para los que solicita el permiso (los dos de titularidad municipal) ni siquiera se acercan a la superficie mínima que marca la ley. (Esta frase quizá habría que suprimirla, después de lo que Carlos ha visto en la ley de caza).

La legislación regional obliga a la presentación de un Plan de Aprovechamiento Cinegético, sin el cual no se puede realizar ninguna actividad cinegética en los cotos, estos planes se deberían elaborar con la suficiente profundidad y rigor científico para que estuviesen en condiciones de cumplir la normativa legal, y asegurar la compatibilidad de esta actividad con los otros usos desarrollados en los terrenos circundantes y con la conservación de las comunidades vegetales y animales de los cotos y de los terrenos aledaños.

Por todo lo dicho, Proyecto Verde opina que:

– La problemática situación de los cotos de caza municipales en Colmenarejo y de las actividades cinegéticas en general, no es algo nuevo, sino que viene arrastrándose desde tiempos inmemoriales.

– Esta problemática ha sido sobredimensionada por los medios de comunicación, probablemente como consecuencia de los enfrentamientos puntuales entre vecinos cazadores y no cazadores.

– Debería preguntarse a los vecinos de Colmenarejo si desean que los terrenos municipales, propiedad de todos, se dediquen a otro uso que no sea el cinegético, practicado sólo por el 0,4% de los colmenarejanos

– Aunque nos pueda parecer lamentable que todavía se realicen actividades cinegéticas en un área del Parque Regional del Guadarrama considerada como de “zona máxima protección”, no estamos en contra de la caza controlada y selectiva, como herramienta de gestión necesaria en situaciones donde los cotos soportan altas densidades.

– Tanto el Ayuntamiento de Colmenarejo, como el organismo competente de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y sobre todo los órganos gestores del Parque Regional del Guadarrama, en sus preceptivos informes técnicos sobre los cotos, deberían tener en cuenta para la aprobación de los futuros Planes de Aprovechamiento Cinegético, que estos cumplan de manera escrupulosa la legislación vigente a nivel local, regional, nacional e internacional en materia de caza, suelo y protección del medio natural.

– Los terrenos municipales son bienes comunes que debemos disfrutar y respetar todos, y desde luego trabajaremos para que la consecución final del uso de dichos terrenos sea ese, el uso común y no el particular.

De esta manera y frente al período de caza 2004-2005 que se avecina (la veda se levanta a mediados de octubre), los cazadores que pretendan cazar en los cotos municipales de Colmenarejo, deberán presentar este año un nuevo Plan de Aprovechamiento Cinegético, ya que la vigencia de estos es de cinco años y el anterior se realizó en 1999. De este nuevo Plan se espera todo el rigor y la veracidad posibles y deseados.

Un año más, las fiestas de Santiago nos han traído los toros. Una parte importante de la ciudadanía permanece al margen de estos festejos taurinos. Otros ven injustificable este tipo de espectáculos, y otros, unos pocos, defienden a ultranza estas tradiciones y participan en ellas.
Los toros en Colmenarejo son un espectáculo minoritario, al que asisten más espectadores de municipios cercanos que personas de nuestro pueblo. A los concejales y personal del ayuntamiento les cuesta trabajo endosar las entradas de regalo que reciben y es frecuente ver asientos vacíos tanto en el palco como fuera de él.
No quedan lejos los lamentables encierros de años anteriores, con toros muertos y sanciones de la propia Comunidad de Madrid por incumplir el reglamento taurino. Habría sido una buena excusa para eliminarlos de las fiestas.
Cuando se difunde la imagen de una España festiva y taurina se está estereotipando una realidad que hace ya bastantes años que cambió. Los toros, en España, no son en absoluto populares; es un espectáculo minoritario que, a diferencia de otros espectáculos minoritarios (desde los documentales de la 2 hasta la ópera), repugnan a muchas personas.
En septiembre de 2002, Gallup publicó los datos de una encuesta que viene realizándose periódicamente desde 1971. Esta encuesta demuestra que el interés por los toros ha caído del 55% en aquella fecha, al 31% actual, y confirma la tendencia imparable de perdida de popularidad. Esta encuesta revela, además, que no hay personas indecisas: O les gusta mucho o no les gusta nada. En ese 31% al que le gusta mucho, más del 55% son hombres y mayores de 65 años.
Extrapolando estos datos a nuestro pueblo, con una población extremadamente joven y preparada, es de prever que el apoyo a tal espectáculo sea considerablemente inferior a ese 31% ya bastante minoritario en sí.
Lo peor de los toros -con ser malo- no es que muera un animal con refinada crueldad (y en ocasiones incluso un ser humano). Lo peor es la exaltación que se hace de la violencia y la brutalidad, aún revestida de cultura y de colorido. El torero (dotado de buenas dosis de valentía, pero también de ansias de notoriedad y de prestigio social, y de bastante «hambre» en muchos casos) triunfa solamente si es capaz de matar al toro; no hay triunfo sin muerte. Esto es un mensaje terrible, uno más de los muchos que envía la sociedad. Este es especialmente dañino y fuera de lugar en una sociedad culta y avanzada que pretende erradicar el uso de la violencia como forma de enfrentarse a los conflictos.
Cualquier padre o madre tiene grandes dificultades en convencer de esto a unos hijos que están recibiendo permanentemente mensajes de violencia: películas en las que el bueno es el que más malos mata, anuncios sexistas, violencia verbal en nuestros políticos, violencia contra las mujeres, en el fútbol, en la caza, en el volante, en el boxeo… y en los toros.
Si un extraterrestre llegara a la tierra, nos catalogaría como una especie eminentemente violenta, cuya principal profesión es matar semejantes o prepararse para hacerlo (o para no verse «obligado» a hacerlo, en lenguaje militar), tarea a la que dedica los mayores esfuerzos económicos. Esto les dejaría perplejos. Pero lo que ya les volvería del todo locos es nuestra doble moral, nuestro discurso contradictorio, nuestra hipocresía. Yo me imagino que a poco espabilados que fueran los extraterrestres se preguntarían:
«¿Cómo se espantan tanto de la violencia contra sus mujeres, de la violencia en la conducción, de la guerra… y luego admiten y fomentan actividades y espectáculos violentos?¿Qué es verdaderamente lo que quieren que aprendan sus hijos? Busquemos otro planeta, porque este no parece muy seguro para vivir»
El otro aspecto reprobable de los toros en Colmenarejo es que se trata de un espectáculo que pagamos entre todos, tanto si nos gusta como si no. Aunque usted no vaya a la plaza, aunque le horrorice solo el pensarlo, una parte importante de sus impuestos van a morir en la arena, con el toro.
Este año destinaremos más de 50.000 euros a dos corridas y dos encierros. En un reciente consejo de Cultura y Educación, un socio de Proyecto Verde dijo que ese dinero se podría destinar a hacer unas fiestas patronales espectaculares dedicadas a los niños, que en Colmenarejo son multitud. Su propuesta no mereció ningún comentario.
Los toros entierran en dos tardes un presupuesto mayor que el de muchas concejalías, como Servicios Sociales, Juventud, Participación Ciudadana, Tercera Edad…
A nuestro juicio, se está haciendo un uso indebido de nuestros impuestos, y esto nos parece profundamente inmoral y no debería ser así.